Las leyes sobre “agentes extranjeros” se extienden mientras la UE vacila en el apoyo a la sociedad civil

Click to expand Image

La noche antes de que entrara en vigor la infame ley de “agentes extranjeros”, en 2012, unos desconocidos pintaron grafitis en los que se leía “¡Agente extranjero! ♥ USA” en los edificios que albergan las oficinas de tres destacadas ONG de Moscú, entre ellas Memorial.
© 2012 Yulia Klimova/Memorial

El partido gobernante en Georgia planea reintroducir una legislación muy controvertida, al estilo ruso, sobre ” agentes extranjeros”, destinada a incapacitar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes.

Si se aprueban, las leyes, que se retiraron el año pasado ante las protestas masivas,exigiríanque las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación financiados desde el extranjero se registraran como “agentes de influencia extranjera”. Esto los sometería a un escrutinio y unas sanciones adicionales, incluso penales. Las autoridades afirman que las leyes promueven la “transparencia”, pero en sus declaraciones dejan entrever que se utilizarán para estigmatizar y castigar a las voces críticas.

Georgia obtuvo el estatus de candidato a la UE en diciembre de 2023 con la promesa de mejorar las condiciones de la sociedad civil. Con esta medida se corre el riesgo de descarrilar su integración en la UE, aunque hasta ahora la UE se ha mostrado dispuesta a hacer avanzar al país en el proceso de adhesión a pesar de los escasos avances en las prioridades de reforma de la UE.

El desacato de Georgia a los compromisos asumidos con la UE en materia de sociedad civil no es tan sorprendente si se considera en el contexto regional.

El día anterior al anuncio de Georgia, el presidente de Kirguistán firmó una abusiva ley sobre “representantes extranjeros”. Copiada casi íntegramente de su equivalente rusa, la ley aplicaría la estigmatizante designación de “representante extranjero” a cualquier organización no gubernamental que reciba financiación extranjera y se dedique a una “actividad política” vagamente definida. El proyecto de ley había sido ampliamente criticado tras su presentación inicial en noviembre de 2022, incluso en una resolución de urgencia del Parlamento Europeo.

La UE tuvo amplias oportunidades de presionar a las autoridades para que rechazaran este proyecto de ley. Kirguistán se beneficia de un acceso privilegiado al mercado interior de la UE vinculado al respeto de los convenios internacionales sobre derechos humanos: convenios que esta ley contraviene claramente. El país está a punto de firmar un acuerdo de asociación reforzada con la UE que se centra en la democracia y los derechos fundamentales. La UE no se ha pronunciado sobre si la aprobación del proyecto de ley pondría en peligro estos acuerdos, a pesar de que la propia evaluación de la Comisión Europea puso de relieve el nefasto entorno de Kirguistán respecto a la sociedad civil y el incumplimiento del país con sus obligaciones.

La última oleada de restricciones a la sociedad civil se produce tras la propuesta legislativa de la Comisión Europea de diciembre de 2023 de una Directiva de la UE sobre “transparencia de la representación de intereses” que crearía un registro de organizaciones que reciben financiación extranjera. La sociedad civil europea se opone vehementemente a la propuesta porque corre el riesgo de reducir el espacio para las organizaciones independientes en casa y disminuir la credibilidad de la UE a la hora de oponerse a este tipo de leyes en el extranjero. Sin embargo, la Comisión siguió adelante. El mismo día en que se adoptó la propuesta, el Parlamento húngaro aprobó una ley que otorga a un organismo controlado por el gobierno amplios poderes para atacar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes.

Con las organizaciones de la sociedad civil amenazadas en toda Europa y Asia Central, necesitamos una UE que, con palabras y acciones, proteja el espacio cívico y establezca las normas adecuadas.