Los informes de la CPI son claves para catalizar la justicia nacional

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Sede permanente de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. © 2018 Marina Riera/Human Rights Watch

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia, que interviene únicamente cuando las autoridades nacionales no tienen la disposición o la capacidad para hacerlo. Este es un pilar jurídico fundamental que se conoce como principio de complementariedad. Sin embargo, la CPI solo puede tomar unos pocos casos en una situación determinada, por lo tanto, para que haya justicia integral será siempre necesario que la CPI y las autoridades nacionales trabajen en colaboración estrecha.

La Fiscalía de la CPI tiene un papel crucial de apoyo a los esfuerzos de la justicia a nivel nacional. En los casos en los que aún no haya decidido sobre la necesidad de que la CPI realice una investigación, la fiscalía  podrá utilizar su influencia para propiciar la justicia nacional, en particular cuando las autoridades nacionales desean evitar que intervenga la CPI. La fiscalía también podrá aportar conocimientos técnicos cuando colabore con esfuerzos nacionales.

Establecer una relación adecuada entre la CPI y las iniciativas de justicia nacionales es una cuestión en la que la Fiscalía se ha enfocado desde que la corte comenzó a funcionar hace dos décadas. Recientemente, la fiscalía revitalizó los debates sobre este tema, incluso manteniendo consultas sobre un documento de política de próxima publicación.

Una de las formas en que la Fiscalía ha apoyado los esfuerzos nacionales es a través de los informes anuales sobre la evaluación de situaciones que podrían ameritar una investigación de la CPI, que se conocen como exámenes preliminares. Estos informes proporcionaron información pública crítica. Incluyeron evaluaciones y análisis fácticos y jurídicos que podían ser utilizados por organizaciones de la sociedad civil para apoyar sus actividades de incidencia en pos de una justicia eficaz. Ejercieron presión sobre autoridades nacionales para que cumplieran con su obligación de evitar una investigación formal de la CPI. Y aportaron información a víctimas y sobrevivientes que permitió que estuvieran mejor preparadas para ejercer sus derechos ante la CPI.

Desde que el Fiscal de la CPI, Karim Khanm, asumió el cargo en 2021, estos informes se han suspendido y se reemplazaron por informes anuales sobre la labor de la fiscalía.

Durante consultas mantenidas sobre el próximo documento normativo, 42 organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales pidieron en forma conjunta que el fiscal reanude la preparación de informes públicos detallados y específicos sobre situaciones. Aunque los informes anteriores se referían específicamente a los exámenes preliminares, esa información sería valiosa en todos los casos en los que la fiscalía colabore con esfuerzos nacionales en materia de justicia. Por ello, las organizaciones pidieron a la Fiscalía que ampliara su preparación de informes a cualquier contexto en el que esté dando seguimiento a procedimientos nacionales o prestándoles apoyo.

La información pública que se divulga actualmente no contribuye a estos fines, pero la Fiscalía puede y debe llenar este vacío. La transparencia es clave para hacer efectivos los derechos de las víctimas y asegurar que la CPI pueda ser un catalizador eficaz de la justicia nacional.