Perú: El Congreso avasalla el Estado de derecho

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Congreso de la República del Perú, en Lima, 6 de marzo de 2024.
© 2024 Congreso de la República del Perú

(Washington, D.C., 11 de marzo de 2024) – La decisión del Congreso del Perú de remover arbitrariamente a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) atenta gravemente contra la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería convocar a una sesión de su Consejo Permanente para abordar los continuos ataques a la independencia judicial en el país.

La JNJ nombra y sanciona a jueces y fiscales, así como a las autoridades de las entidades que organizan las elecciones y tienen a su cargo el registro electoral. La remoción de sus miembros, ocurrida el 7 de marzo, abre la puerta a la influencia política en el sistema de justicia y electoral y pone en peligro el derecho al voto.

“El Congreso ha debilitado gravemente a uno de los últimos organismos independientes en pie que podría servir de contrapeso frente a sus prácticas abusivas”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Los congresistas parecen estar tratando de impedir investigaciones que pueden ofrecer pruebas de sobre sus prácticas irregulares y de influir indebidamente en el nombramiento de jueces y fiscales”.

El Congreso llevaba meses intentando remover, por diversos medios, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, cuyos mandatos finalizan en enero de 2025.

Estos esfuerzos parecen haberse acelerado después de que un equipo de fiscales anticorrupción denunciara, en noviembre de 2023, que la entonces Fiscal de la Nación Patricia Benavides habría cerrado investigaciones contra congresistas para influir en las decisiones del Congreso. En septiembre de 2023, la prensa peruana informó que al menos 47 de los 130 miembros del Congreso estaban siendo investigados por diversos delitos, en su mayoría relacionados con la corrupción. La junta abrió una investigación sobre las acusaciones contra Benavides y la suspendió de su cargo en diciembre de 2023.

El 7 de marzo, el Congreso removió a dos de los siete miembros de la JNJ, sobre la base de un desacuerdo entre los congresistas y la junta sobre la interpretación de la norma relativa a la edad requerida para ser miembro de la junta. Los congresistas intentaron remover a todos los demás miembros de la JNJ, pero no consiguieron los votos necesarios.

La constitución peruana exige que para ser elegido miembro de la junta se debe ser menor de 75 años. La junta ha interpretado que ello significa que los miembros mayores de 75 años no están obligados a retirarse. El organismo gubernamental a cargo del servicio civil del Estado peruano respaldó la interpretación de la junta. Según la constitución peruana, el Congreso sólo puede remover a los miembros de la junta por “causa grave”.

Según la legislación peruana, la Comisión Permanente del Congreso, que previamente debatió la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no puede votar en la decisión final sobre su remoción. Pero un miembro de la comisión votó sobre la remoción de Inés Tello, que fue aprobada con la cantidad mínima de votos requerida. La oficina de comunicaciones del Congreso publicó un comunicado argumentando que este congresista se encontraba habilitado para votar en la sesión del pleno dado que, a pesar de ser miembro de la Comisión Permanente, no votó en la sesión de la comisión.

Por su parte, algunos congresistas indicaron que el presidente del Congreso no sometió a reconsideración la remoción del presidente de la JNJ, después de que se rechazara el primer intento por removerlo. Esto implicaría que el Congreso puede volver a votar sobre su remoción.

El Congreso del Perú ha liderado una grave erosión de la independencia judicial y del Estado de derecho. En 2022, el Congreso llevó a cabo un proceso que careció de transparencia y criterios claros para nombrar a seis magistrados del Tribunal Constitucional. Desde entonces, el tribunal ha tomado decisiones cuestionables, incluyendo liberar de prisión al expresidente Alberto Fujimori, en violación de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Congreso también nombró a un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos, quien presidirá la comisión especial encargada de designar a los miembros de la JNJ para el periodo 2025-2030, e inhabilitó sin fundamento alguno a una fiscal suprema. Algunos congresistas han presentado denuncias en el Congreso, la más reciente el 5 de marzo, para remover al presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

En febrero, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley que declararía en “emergencia” al Ministerio Público. De ser aprobada, esta ley removería al fiscal de la Nación interino, que asumió el cargo tras la suspensión de Benavides, y a los otros cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos, que eligen al fiscal de la Nación de entre sus miembros.

En marzo, el Congreso también aprobó varios cambios en la constitución que permiten la reelección de los congresistas—que estaba prohibida desde un referéndum en 2018—y restablecen el Senado. También limitó los poderes del presidente para disolver el Congreso, al tiempo que mantuvo la capacidad del Congreso para remover al presidente.

La comunidad internacional debería condenar la arbitraria remoción de los miembros de la junta y pronunciarse en defensa del sistema democrático peruano, señaló Human Rights Watch.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los Estados miembros de la organización deberían convocar a una sesión del Consejo Permanente para debatir la situación en el Perú. De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el gobierno del Perú tiene la obligación de promover y defender la separación de poderes y la independencia de los poderes públicos como elementos esenciales de una democracia representativa.

La Carta Democrática Interamericana permite a cualquier Estado miembro—o al secretario general—convocar al Consejo Permanente cuando un Estado parte sufra “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

“En lugar de servir a la ciudadanía, muchos congresistas en el Perú parecen decididos a abusar de sus cargos para perseguir sus intereses personales, así destruyan en el camino los derechos humanos y la rendición de cuentas propias de una democracia”, dijo Goebertus.