Camboya: Proyecto de compensación de carbono viola derechos de grupo indígena

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Integrantes de la comunidad cosechan arroz en una de las aldeas que forman parte del Proyecto REDD+ de Cardamomo Sur en la provincia de Koh Kong, Camboya, el 25 de junio de 2022.
© 2022 Human Rights Watch

​​​​Un importante proyecto de compensación de emisiones de carbono en Camboya muestra que estas iniciativas pueden perjudicar a los pueblos indígenas cuando no se asegura la participación y el consentimiento efectivos de las comunidades.
Verra, el organismo normativo que posibilitó que el proyecto emitiera créditos de carbono, debe asegurar que se compense a los afectados. El gobierno debe otorgar títulos sobre los territorios indígenas chong y reconocer sus derechos.
Verra, el organismo normativo que posibilitó que el proyecto emitiera créditos de carbono, debe asegurar que se compense a los afectados. El gobierno debe otorgar títulos sobre los territorios indígenas chong y reconocer sus derechos.

(Bangkok) – Un importante proyecto de compensación de emisiones de carbono en Camboya muestra que estas iniciativas pueden perjudicar a los pueblos indígenas cuando no se garantiza la participación y el consentimiento efectivos de las comunidades, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 118 páginas, “Víctimas de la compensación de carbono: Violaciones a derechos del pueblo indígena chong en el Proyecto REDD+ de Cardamomo Sur en Camboya”, analiza un programa llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente de Camboya y la organización de conservación Wildlife Alliance, que abarca medio millón de hectáreas en las montañas Cardamomo, una zona de selva tropical que, por siglos, ha sido el hogar del pueblo indígena chong. El proyecto estuvo funcionando más de dos años sin que se consultara a la comunidad chong local, que enfrenta desalojos forzosos y cargos penales por realizar actividades agrícolas y de forrajeo en sus territorios tradicionales.

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“Las estrategias de conservación que marginan y castigan a los pueblos indígenas en su lucha contra la crisis ambiental global son inaceptables y contraproducentes”, explicó Luciana Téllez Chávez, investigadora ambiental sénior de Human Rights Watch. “El Proyecto REDD+ del Cardamomo Sur debe ser revisado para asegurar la participación efectiva de la población chong en las decisiones clave, el otorgamiento de títulos sobre tierras comunales indígenas y acuerdos de distribución de beneficios con las comunidades chong que reconozcan que son dueñas del carbono almacenado en sus territorios”.

Human Rights Watch entrevistó a más de 90 personas en 23 de las 29 aldeas incluidas en el proyecto, así como a tres funcionarios gubernamentales, durante un período de dos años. Human Rights Watch también analizó imágenes satelitales, mapas topográficos, notas periodísticas y contenidos en redes sociales. Desde septiembre de 2022, Human Rights Watch se ha reunido y comunicado con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Wildlife Alliance y otros actores privados clave que están implicados en el proyecto.

El proyecto REDD+ llevó a cabo actividades durante 31 meses antes de empezar a consultar a las comunidades chong en agosto de 2017. Durante ese período, el Ministerio de Medio Ambiente y Wildlife Alliance tomaron decisiones cruciales con respecto a la gestión de las tierras designadas sin el consentimiento libre, previo e informado del pueblo indígena chong. Incorporaron ocho aldeas chong a un parque nacional, y cercenaron así sus derechos sobre sus bosques y tierras.

Miembros de la comunidad chong dijeron que compartían el objetivo de proteger la selva tropical, pero querían que el proyecto REDD+ los tratara como socios, y que les gustaría dirigir sus propias actividades de conservación independientemente de Wildlife Alliance.

“Ellos [Wildlife Alliance] no tienen ningún interés en nuestra identidad indígena”, expresó un residente chong de la comuna de Chumnoab. “Nunca nos han pedido permiso porque, a su criterio, ya tienen un acuerdo con el gobierno”.

Las decisiones sobre proyectos que se tomaron sin consultar a las comunidades impactadas siguen afectando a la comunidad chong, manifestó Human Rights Watch. Dos hombres chong dijeron que, en 2018 y 2021, patrullas conformadas por guardias forestales del Ministerio de Medio Ambiente, gendarmes y personal de Wildlife Alliance los arrestaron y los maltrataron mientras recolectaban resina (una actividad sostenible) en el área de conservación.

“Cuando irrumpieron por primera vez en el campamento, me asestaron un golpe en la espalda con un arma”, contó un hombre en la comuna de O’Som. “Destruyeron todo lo que tenía conmigo, incluso la ropa que llevaba puesta”.

Seis familias chong describieron haber sido desalojadas por la fuerza por guardias forestales, gendarmes y personal de Wildlife Alliance de las tierras que cultivaban habitualmente. Tras el desalojo, las autoridades arrestaron a tres integrantes de la comunidad y los mantuvieron detenidos por meses sin que se llevara a cabo un juicio, según consta en registros oficiales. “No pedimos ayuda ni nos quejamos después de que ocurrió esto”, afirmó un hombre de la comuna de Pralay. “Somos simples lugareños, no nos atrevemos”.

Verra, una organización que ha certificado casi la mitad de todos los proyectos en el mercado global de carbono voluntario, acreditó el proyecto REDD+ en 2018. Las empresas multinacionales compran créditos de carbono para compensar la contaminación que generan, una práctica conocida como “compensación de emisiones de carbono”. En junio de 2023, después de que Human Rights Watch le enviara una carta compartiendo sus hallazgos, Verra dejó de emitir créditos para el proyecto y señaló que realizaría una revisión. Verra se ha negado a realizar otros comentarios sobre los hallazgos mientras la revisión se encuentra en curso.

Varios de los problemas planteados por los residentes de Chong se habían comunicado de manera reiterada a empresas de auditoría que presentaron sus evaluaciones a Verra entre 2018 y 2023. La primera auditoría, presentada en 2018, señalaba que la fecha de inicio del proyecto fue el 1 de enero de 2015, pero las primeras consultas con las comunidades recién comenzaron en agosto de 2017.

Otra auditoría, de 2021, indicó que “varias comunidades reportaron un número elevado de personas sin conocimiento del proyecto REDD+”, y “un gran número de estas personas informan que no conocen la definición de REDD+, su implementación, cómo los beneficios y fondos de REDD+ se compartirán con la comunidad, [y] la demarcación de límites entre REDD+ y sus tierras agrícolas”.

El portavoz del Ministerio de Medio Ambiente escribió a Human Rights Watch indicando que “la venta de créditos de carbono ha beneficiado a comunidades que participaron en la protección y conservación de recursos naturales”. Wildlife Alliance indicó por escrito que realizaron una consulta amplia con los residentes, que sus actividades constituyen medidas legítimas de cumplimiento en materia ambiental y que el proyecto beneficia a comunidades locales. Señaló que el proyecto había construido pozos, aseos, un camino de laterita, dos escuelas y un puesto de salud; había otorgado becas universitarias a cinco jóvenes; había brindado capacitación agrícola a pequeños propietarios de tierras; y había puesto en marcha dos iniciativas de ecoturismo que beneficiaban a residentes.

Sin embargo, el proyecto REDD+ no tiene un acuerdo de reparto de beneficios con ninguna de las comunidades incluidas en el proyecto. Estos acuerdos son contratos jurídicamente exigibles que establecen el porcentaje de los ingresos del proyecto que se desembolsará a las comunidades. Los acuerdos existentes regulan la distribución de los ingresos entre Wildlife Alliance, el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno provincial de Koh Kong, según el sitio web de Wildlife Alliance.

Si bien señaló no estar de acuerdo con los hallazgos de Human Rights Watch, Wildlife Alliance se comprometió en noviembre de 2023 a “proporcionar apoyo técnico y económico” para la “titulación de tierras comunitarias indígenas”; “establecer, capacitar y apoyar a un equipo de Patrulla Comunitaria indígena”; “brindar capacitación formal en derechos humanos a todos los guardias forestales del gobierno camboyano y al personal de Wildlife Alliance ”; y definir una “política formal sobre Derechos Humanos”.

Estos compromisos, de implementarse, pueden tener un impacto positivo; sin embargo, hasta ahora la respuesta de Wildlife Alliance no ha logrado reconocer y remediar el daño para los derechos humanos generado por el proyecto. Wildlife Alliance debería crear un plan integral de subsanación en consulta con las comunidades afectadas para compensar a las víctimas de desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y encarcelamientos injustos. Wildlife Alliance también debe exigir que rindan cuentas todos los integrantes del personal del proyecto que estén implicados en los abusos.

Verra debería supeditar el restablecimiento del proyecto a una subsanación integral que beneficie a las personas y comunidades que se hayan visto afectadas negativamente por el proyecto, incluida la compensación pecuniaria, y a un nuevo proceso de consulta que permita a la comunidad chong reconsiderar el diseño, los límites, las actividades y el implementador actuales del proyecto REDD+, así como disposiciones sobre distribución de beneficios. El gobierno camboyano debe otorgar títulos de propiedad a los territorios tradicionales indígenas chong y reconocer que los pueblos indígenas son dueños del carbono almacenado en sus tierras.

“La inacción de Verra ante numerosas señales de alerta a lo largo de los años permite cuestionar seriamente sus mecanismos de supervisión y rendición de cuentas”, indicó Téllez Chávez. “Estos hallazgos generan la inquietud de si otros proyectos de compensación de carbono en otros lugares del mundo que fueron aprobados por Verra están causando daños justamente a las comunidades que más dependen de los bosques para sus medios de subsistencia”.