Panamá: Faltan servicios esenciales en el sitio de reubicación climática

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Aerial view of houses for the new community where the residents of Gardi Sugdub will be transferred in Guna Yala, Panama, October 12, 2023.
© 2023 Adri Salido/Getty Images

El gobierno panameño no ha proporcionado los servicios necesarios para que la comunidad indígena Guna se traslade desde su isla expuesta a inundaciones a un lugar más seguro.
Si no se adoptan medidas de inmediato, este caso podría ser un ejemplo de lo que puede fallar cuando las necesidades de la comunidad no se toman en cuenta para las reubicaciones relacionadas con el clima.
El cambio climático se acelera, y Panamá precisa una política de reubicación impulsada por la comunidad que respete los derechos.

(Nueva York, 22 de febrero de 2024) – El gobierno panameño todavía no ha brindado servicios esenciales a la población indígena Guna de Gardi Sugdub, que tiene previsto reubicarse debido al aumento del nivel del mar en esta isla sobrepoblada, expresó hoy Human Rights Watch. Es necesario que el gobierno adopte medidas urgentes para abordar estas deficiencias antes de que se cumpla el plazo casi inminente de fines de febrero.

Gardi Sugdub es una isla de 1.300 habitantes que tiene el tamaño de cinco campos de fútbol y se ubica frente a la costa norte de Panamá, en la región autónoma de Guna Yala. La comunidad ha solicitado apoyo gubernamental para la reubicación desde el año 2010. El gobierno ha logrado avances considerables desde que Human Rights Watch informó sobre el caso en julio de 2023. El emplazamiento de la reubicación en el territorio continental ya cuenta con las 300 viviendas planificadas, centros de reunión cultural construidos siguiendo el estilo tradicional de la comunidad y una escuela próxima con instalaciones deportivas. Sin embargo, el gobierno panameño aún no ha puesto a disposición servicios adecuados de agua, saneamiento y atención médica en el lugar de reubicación.

“El gobierno panameño corre el riesgo de trastabillar con el último obstáculo”, explicó Erica Bower, investigadora sobre desplazamiento relacionado con el clima de Human Rights Watch. “Si no se resuelven las deficiencias vinculadas con agua, saneamiento y atención de la salud, este caso podría convertirse en un ejemplo clave de qué puede fallar cuando las necesidades de la comunidad no son el factor principal que se considera para las reubicaciones climáticas”.

El nuevo emplazamiento, al que se llamó Isper Yala (Tierra del Árbol de Nísperos) para reflejar el idioma y los valores de la comunidad Guna, se encuentra en un suelo más elevado en el territorio continental, a una distancia de 2,5 kilómetros a pie hasta la costa, seguida de un desplazamiento en barco de 2,4 kilómetros desde la isla. La construcción empezó en 2019 y se ha retrasado en varias ocasiones en los últimos cinco años.

Se precisa la acción urgente del gobierno para asegurar los derechos de las personas al agua, el saneamiento y la atención médica en el nuevo emplazamiento. Blas López, líder comunitario guna, manifestó a Human Rights Watch: “Oficialmente, las llaves se van a entregar, pero el problema va a ser el agua. No podemos vivir [allí] sin agua”.

La reubicación planificada, que la comunidad solicitó como un paso necesario para eludir el aumento del nivel del mar y el hacinamiento, es la primera que tiene lugar en Panamá y uno de los ejemplos con mayor impulso comunitario a nivel mundial. La mayoría de las personas no quieren abandonar sus hogares, y las reubicaciones planificadas son una medida de último recurso. Sin embargo, “conforme se intensifica el riesgo climático, habrá una mayor necesidad de reubicaciones planificadas”, expresó en su informe más reciente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), la principal autoridad mundial en ciencia climática.

Como lo demostró el esfuerzo por reubicar a Gardi Sugdub, las reubicaciones pueden ser procesos complejos y problemáticos que insumen mucho tiempo. Se estima que otras 38 comunidades tan solo en la región de Guna Yala, así como otras en el resto de Panamá, ya lidian con las consecuencias del aumento del nivel del mar y se están movilizando para lograr la reubicación.

Sin gestiones institucionales, financiamiento suficiente y un marco nacional de políticas que tome en cuenta los principios de derechos humanos, otras comunidades podrían toparse con dificultades y demoras similares, indicó Human Rights Watch. Panamá debería aprender de esta experiencia y formular una política nacional para salvaguardar los derechos de las personas en futuras reubicaciones planificadas debido al clima que sean impulsadas por la comunidad. Es importante que, en la formulación de las políticas, se reflejen las voces de quienes residen en Gardi Sugdub, cuyas perspectivas y experiencias son sumamente valiosas para aprender qué ha resultado bien y qué no.

A pocos días de la supuesta fecha de reubicación, ya se han hecho evidentes algunas lecciones:

Los gobiernos deberían proteger el derecho colectivo de las comunidades a la autodeterminación en todas las etapas de los procesos de reubicación planificados.
Los miembros de la comunidad que desean quedarse no deben ser olvidados y necesitan seguir teniendo acceso continuo a servicios básicos y transporte entre los emplazamientos.
Más allá de viviendas e infraestructura, un lugar de reubicación debe asegurar el derecho a un nivel de vida adecuado, medios de vida sostenibles e identidad cultural.
Al planificar la reubicación, debe contemplarse que las viviendas sean culturalmente adecuadas y que haya espacios ceremoniales y centros culturales, entre otros esfuerzos para que no se pierdan las tradiciones.
La comunidad internacional debe prestar apoyo técnico y económico a los gobiernos y las comunidades cuando sea necesario.

Panamá debería tomar en cuenta a los países insulares del Pacífico que ya han desarrollado este tipo de políticas, como Fiyi y las Islas Salomón.

“Panamá, y todos los países con costa, deben prepararse para el aumento del nivel del mar y encontrar la manera más eficaz de apoyar la reubicación impulsada por la comunidad”, indicó Bower. “El caso de Gardi Sugdub ofrece enseñanzas importantes, como reconocer que es esencial cumplir lo prometido y establecer políticas nacionales que respeten los derechos”.