Cumbre Amazónica: la selva y sus defensores necesitan protección

(São Paulo) – Los países de América Latina reunidos en la Cumbre Amazónica de Brasil los días 8 y 9 de agosto de 2023 deberían comprometerse a ratificar y llevar a la práctica el Acuerdo de Escazú, señaló hoy Human Rights Watch al publicar un video en el que explica la importancia de este tratado. Este acuerdo regional ayudaría a apuntalar la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas vitales en toda la región, al exigir a los países que protejan a los líderes ambientales, garanticen el acceso a la información y aseguren la participación pública en la toma de decisiones sobre estos asuntos.

“La selva amazónica y sus defensores están gravemente amenazados”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos reunidos en la Cumbre Amazónica deberían mostrar su compromiso con la preservación de un ecosistema crucial para América del Sur y el planeta mediante la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú”.

Los países que comparten la Amazonía se reunirán en la ciudad de Belém para impulsar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, una organización intergubernamental. Se espera que Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam, así como el territorio de la Guayana Francesa, envíen representantes a la Cumbre. También tienen previsto emitir un comunicado conjunto para actuar de manera articulada en la protección de la selva y la promoción del desarrollo sostenible en una región vital para la lucha contra la crisis climática.

Ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú debería ser una parte central del compromiso de los gobiernos para proteger la Amazonía, señaló Human Rights Watch.

Tres de los ocho países donde se encuentra la Amazonía—Ecuador, Bolivia y Guyana—se encuentran entre los 15 que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú. Además, el Congreso de Colombia aprobó una ley, sancionada por el presidente Gustavo Petro, con la que se aprobó el Acuerdo. Actualmente, la Corte Constitucional está revisando la decisión, el último paso antes de la ratificación del tratado. Después de que 140 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, le insistiera a Brasil para actuar, el presidente Luis Inácio Lula da Silva envió el Acuerdo al Congreso en mayo.

El tratado, adoptado en 2018 en Costa Rica, garantiza el derecho de las personas a obtener información medioambiental y a participar de forma significativa en la toma de decisiones que afectan sus vidas y el medioambiente. También exige a los países garantizar el acceso a la justicia cuando dichos derechos sean violados, y a establecer sistemas para prevenir o resarcir daños ambientales. El Acuerdo es el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo que contiene disposiciones específicas sobre los defensores del ambiente, exigiendo a los gobiernos que les proporcionen condiciones seguras y propicias y que garanticen que los responsables de actos de violencia e intimidación en su contra sean investigados y juzgados.

La defensa de los derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú podría contribuir enormemente a revertir el ciclo de violencia y destrucción ambiental en la Amazonía, señaló Human Rights Watch.

Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se encuentran entre los países del mundo que sufren la mayor pérdida de bosque primario—es decir, bosque maduro no perturbado—según el Observatorio Mundial de Bosques del Instituto de Recursos Mundiales. Brasil, que cuenta con alrededor del 60 % de la cuenca amazónica, ha liderado la destrucción, con más del 40 % en todo el mundo en 2022. Si este ritmo continúa, vastas regiones de la selva tropical podrían secarse en los próximos años, liberando miles de millones de toneladas de carbono almacenado, cambiando los patrones de lluvia y los ciclos del agua en toda América del Sur y acelerando el cambio climático en todo el planeta.

La destrucción de la selva ha provocado graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la ocupación de tierras protegidas y violencia e intimidación contra las comunidades de la selva, muchas de ellas indígenas, que desempeñan un papel crucial en la protección de la selva tropical, señaló Human Rights Watch. Sacar adelante el Acuerdo de Escazú podría ayudar a proteger a defensores del ambiente y a otros defensores en una región en la que se enfrentan a altos niveles de violencia.

En Colombia, más de 230 líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos han sido asesinados desde 2020, según informó la Defensoría del Pueblo. La situación en Brasil también es muy grave, con 100 personas asesinadas en conflictos relacionados con el uso de la tierra y sus recursos desde 2020, según la organización sin ánimo de lucro Comisión Pastoral de la Tierra, 78 de ellas en la región amazónica.

Los niveles de deforestación y los asesinatos de defensores del ambiente y de la tierra deberían impulsar a los gobiernos de América Latina a ratificar el Acuerdo y a tomar medidas tangibles para implementarlo, señaló Human Rights Watch.

Los gobiernos deben fomentar activamente la participación pública y el acceso a la información en asuntos ambientales, incluso antes de haber ratificado el Acuerdo. También deberían establecer o reforzar mecanismos para la protección de defensores del ambiente y garantizar que cualquier acto de violencia contra ellos se investigue adecuadamente y que los responsables comparezcan ante la justicia.

“América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores del ambiente y de los derechos sobre la tierra”, afirmó Goebertus. “Una mejor protección para las comunidades en la primera línea de defensa es clave para mantener nuestros bosques en pie y mantenerlos en pie es clave para contener la crisis climática”.