La Fiscalía pide entregar a EEUU a uno de “los diez fugitivos más buscados” por el FBI

Madrid, 16 jul (EFE).- La Fiscalía española defenderá el jueves en una vista de extradición en la Audiencia Nacional la entrega a EEUU de Michael James Pratt, uno de “los diez fugitivos más buscados” por el FBI hasta su detención en Madrid el pasado diciembre, y por cuya localización se llegó a ofrecer una recompensa de 100.000 dólares.

Sobre él pesa una condena a cadena perpetua por delitos de pornografía infantil en relación a los abusos sexuales que sufrieron al menos 16 chicas a las que engañó con falsas promesas de trabajo como modelo para después obligarles a grabar vídeos porno.

En su huida para eludir la prisión, este neozelandés de 40 años buscó refugio en un céntrico hotel de la capital, en el que se alojaba bajo una de las múltiples identidades que empleaba, entre ellas la de Mark Williams, suizo; Kenneth Louis Radcaja, maltés, y Nakis Tarasiadis, griego.

Según expone el fiscal en su informe, concurren los requisitos para acceder a la entrega. Explica que los hechos serían constitutivos en España de 16 delitos de agresión sexual, otros tantos delitos de explotación sexual de mujeres y de una menor, y de un delito de organización criminal.

Rechaza por contra extraditarle por el de blanqueo, que también se le atribuye al no haber descrito las autoridades estadounidenses “un esquema encaminado a ocultar, diversificar y luego integrar los productos del delito”.

El fugitivo se dedicaba en California a la producción audiovisual de pornografía y reclutaba mediante engaños a menores y mujeres jóvenes en Estados Unidos y Canadá. Lo hacía publicando anuncios en internet en los que ofrecía supuestos trabajos de modelo.

Gran parte de la pornografía que produjo entre 2012 y 2019 acabó en páginas web abiertas, donde generó unos beneficios de más de 17 millones de dólares.

Tras ser condenado a cadena perpetua se fugó, por lo que las autoridades estadounidenses emitieron la correspondiente orden internacional de detención y llegaron a ofrecer una recompensa de 100.000 dólares a cambio de información sobre su paradero.

Según la investigación del FBI, Pratt lideraba una organización criminal que captó a al menos 16 mujeres, 15 de entre 18 y 22 años, y una menor de 16, mediante ofertas de trabajo de modelaje que colgaron en la web Cariglist y que resultaron ser falsas.

Cuando las mujeres respondían al anuncio, el reclamado y otros integrantes de la red les ofrecían entre 3.000 y 5.000 dólares por participar en la producción de vídeos porno.

Se comprometían a mantener su anonimato y las persuadían de que sus vídeos solo los vería un coleccionista privado con residencia en Australia, a quien se le entregarían en formato DVD y nunca serían públicos.

Para conseguir disuadirlas, contrataban a otras mujeres que les hacían creer que habían participado en esos vídeos y les aseguraban que jamás verían la luz.

Si las víctimas, algunas extranjeras, accedían, eran trasladadas en avión a San Diego, en California, y conducidas a un hotel en el que les resumían el contenido del contrato, del que nunca les entregaban copia. Les ofrecían alcohol y marihuana y si veían dudar a la víctima, bloqueaban la puerta de salida del hotel.

Después, en la grabación de los vídeos, nunca se cumplían las condiciones que se comprometieron a respetar. Así, las chicas rechazaban continuar debido al daño físico que sufrían o se negaban a efectuar algunos de los actos sexuales que les exigían.

Entonces eran presionadas para continuar bajo amenaza de que, de no hacerlo, no podrían salir de allí, serían demandadas por incumplimiento de contrato, se les reclamaría la devolución del importe del billete de avión y del hotel y, a las extranjeras, que serían expulsadas.

Los vídeos fueron publicados en los sitios web de contenido pornográfico GirlsDoPorn y GirlsDoToy, gestionados por Pratt, así como en PornHub, esto como reclamo para atraer consumidores a las otras dos webs, que le generaron unos beneficios de unos 17 millones de dólares, de los que parte fueron destinados a sufragar los gastos del negocio.

En el momento en que las víctimas conocían que sus vídeos eran públicos, pedían sin éxito que los retiraran.

El entorno de dichas mujeres, profesional, social y familiar accedió a los mismos. Perdieron sus trabajos o abandonaron sus estudios, fueron acosadas por conocidos o desconocidos y algunas de ellas intentaron suicidarse.EFE

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