Aulas a 40 grados: el Defensor andaluz investiga a la Junta por retrasos en las obras

La semana que arranca trae termómetros en llamas, de 36 grados el jueves o 42 grados el viernes en diversos puntos de Andalucía. Son jornadas lectivas. Los niños siguen teniendo clases con horario habitual y normalmente hasta las dos de la tarde. Los centros recomendarán a los padres que los niños lleven ropa fresca, protección solar, incluso gorra para salir al patio durante el recreo pero no será suficiente. El calor en las aulas en Andalucía es un asunto público de primera fila.

El Defensor del Pueblo andaluz ha abierto un actuación de oficio para investigar qué está pasando con la ley de bioclimatización en Andalucía. “La institución ha acordado iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a fin de comprobar los avances realizados en esta materia así como la puesta en práctica de los compromisos adquiridos por la administración educativa”, informa el Defensor en un expediente al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. “Es nuestra intención conocer la situación en la que se encuentran los centros educativos en cuestión y, en su caso, las medidas que, de forma urgente, se hayan adoptado, o se adoptarán, al objeto de solucionar el problema señalado”, advierte. El próximo 29 de junio, en Granada, el Defensor celebrará unas jornadas sobre colegios rurales y la falta de climatización es también un asunto crucial.

Incumplimientos de la ley

La “ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables” se aprobó, por unanimidad, en julio de 2020 y fue una gran conquista arrancada por un grupo de asociaciones de madres y padres (ampas) muy activo, constituidos en la plataforma Escuelas de Calor, que desde 2017 está muy movilizado para exigir que los colegios públicos de Andalucía se acondicionen para combatir las altas temperaturas que cada vez duran más meses del curso lectivo. Teresa Pablo, portavoz de Escuelas de Calor, lamenta que una vez aprobada la norma se haya “metido en un cajón”, escudados en que hay que desarrollar reglamentariamente la ley antes de aplicarla. “Todo son excusas burocráticas“, avisa.

“Ahora mismo lo que se están haciendo son obras aleatorias, en centros que no sabemos por qué se eligen, con los fondos Next Generation venidos desde la Unión Europea y apostando por una refrigeración adiabática que no es recomendable en aulas con tantos niños y temperaturas tan altas y además ocasiona enfermedades”, advierte Pablo. Es un sistema que usa agua para enfriar el aire, elevando mucho la humedad del ambiente, y que está recomendado para uso industrial. La plataforma Escuelas de Calor lamenta que el desarrollo de la ley está lleno de “mentiras”. “Hay colegios donde las familias se han organizado y han financiado la instalación de un aire acondicionado pero es que nadie se imagina que los pacientes cambien la sala de espera de un hospital. Para eso pagamos nuestros impuestos”, señala Pablo.

A casa a las 12

La última polémica, con gran indignación de muchas familias y sindicatos, es que el protocolo de Educación para combatir las altas temperaturas, en vigor desde el 15 de mayo, permite que los centros puedan suspender sus clases a las 12 del medio día en caso de un calor extremo y siempre que los padres estén de acuerdo. Una medida muy excepcional pero imposible para la conciliación familiar si los progenitores trabajan.

La actuación de oficio que inicia el Defensor advierte del problema de climatización en los centros docentes andaluces, que se agrava cuando las temperaturas se elevan antes de que concluya el curso escolar, como ocurre justo en este momento. También hay problemas con el frío en invierno en algunas zonas de Andalucía. En 2007, hace 16 años, el Defensor ya abrió una queja de oficio que cerró “en vías de solución”. Desde entonces, señala el escrito de la institución, ha intervenido “con carácter puntual” en centros o provincias, como Córdoba, por reclamaciones de las familias y el personal docente.

El Defensor considera que se podrían estar vulnerando derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho a la integridad física y a la educación. También avisa de que se puede estar vulnerando el derecho “a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones”, reconocido en la ley orgánica educativa.

Plazos en la ley

La norma, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento andaluz, fija una serie de plazos a la administración para que actúe. Obliga a la Junta a hacer “auditorías energéticas de los centros educativos públicos” para “conocer tanto las demandas energéticas de cada centro como las medidas correctoras necesarias”. Contempla que, “en el plazo de seis años desde la entrada en vigor” deberá haberse realizado la totalidad de las valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos”. El plazo es de 18 meses para las valoraciones de los centros que se consideren “prioritarios”. También se dan 18 meses, que ya se han incumplido, para que la Junta ponga en marcha “las normas reglamentarias que permitan poner en funcionamiento los instrumentos de intervención y financiación” para acondicionar los centros. El texto obliga a que todo lo relacionado con la ley se publique “en el portal de transparencia” y se dé “a conocer a la comunidad educativa”. Las asociaciones de padres y madres aseguran que no está ocurriendo.

La Junta de Andalucía defiende que sí está actuando. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, informó en el Parlamento de que se están llevando a cabo un total de 454 actuaciones de climatización en centros docentes de 200 municipios andaluces. Estas obras tienen una inversión global de 145 millones de euros. Se priorizan aquellos centros situados en zonas de alta severidad climática. “De las 454 actuaciones, 107 actuaciones se encuentran ya finalizadas y 274 en construcción”, informa la administración. En Andalucía hay 2.024 centros públicos.

Sombras y árboles

Hay otras obras menores que también reclaman los padres como igualmente necesarias. La ley es pionera por su apuesta contra el cambio climático y el uso de energías renovables y defiende que haya árboles y zonas verdes en los colegios andaluces. “Es una ley verde que apuesta porque en cada centro educativo haya un pequeño pulmón, por patios cargados de vegetación y no solo por techos o toldos”, explica la portavoz de Escuelas de Calor. En esa línea, la Junta señala que en los últimos cuatro años, desde 2019, se han ejecutado 169 actuaciones para crear sombras (porches, toldos, cubrir pistas polideportivas…), sustitución de ventanas y colocación de celosías, instalación de ventiladores, etc, con una inversión superior a los 17 millones de euros.