Guatemala: Amenazas contra el proceso electoral

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Guatemala’s Supreme Electoral Tribunal opened nominations for the 2023 general elections in Guatemala City, Guatemala, January 20, 2023.
© 2023 Josue Decavele/Anadolu Agency via Getty Images

(Washington, DC) – El escrutinio internacional es esencial para asegurar los derechos de los guatemaltecos a participar en elecciones libres y justas, señalaron hoy Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) al presentar un documento conjunto de preguntas y respuestas que aborda los principales desafíos de derechos humanos al proceso electoral en el país.

El 20 de enero de 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad en asuntos electorales de Guatemala, llamó a que se postularan candidatos, iniciando oficialmente el período electoral. Los guatemaltecos acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir a un nuevo presidente, 160 legisladores y más de 300 alcaldes. Si ningún candidato presidencial obtiene más del 50 % de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta a fines de agosto.

“Las elecciones de este año son una prueba crucial para la frágil democracia guatemalteca”, explicó Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Estas elecciones se realizarán en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones que están a cargo de monitorear las elecciones tienen poca independencia o credibilidad”.

Las instituciones deben desempeñar un rol clave para que haya elecciones justas y libres, señalaron Human Rights Watch y WOLA. Estas deben contrarrestar los intentos de generar condiciones electorales desiguales, por ejemplo, impidiendo que haya inhabilitaciones o procesamientos arbitrarios de opositores políticos, previniendo el uso partidista de recursos estatales en las campañas, investigando el financiamiento electoral ilícito y garantizando que se respete el Estado de derecho.

El Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deberían garantizar a los ciudadanos guatemaltecos sus derechos políticos y proteger la legitimidad del proceso electoral, señalaron Human Rights Watch y WOLA. Muchas autoridades de estas instituciones han sido nombradas mediante procesos que no fueron justos, transparentes ni independientes, y han demostrado un desprecio manifiesto por el Estado de derecho.

En los últimos años, las autoridades en Guatemala han debilitado la separación de poderes y las garantías de derechos humanos con el propósito de asegurar la impunidad de la corrupción generalizada en las altas esferas del poder. El Ministerio Público ha impulsado cargos penales espurios contra periodistas independientes, fiscales y jueces que investigaron o revelaron hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos e instancias de abuso de poder.

Ante el deterioro progresivo del Estado de derecho en Guatemala, el escrutinio internacional resulta clave para proteger la democracia del país y el derecho de los guatemaltecos a votar y postularse a cargos públicos, destacaron Human Rights Watch y WOLA.

Los gobiernos preocupados por esta situación, incluidos los latinoamericanos y europeos y el de Estados Unidos, deberían dar seguimiento al proceso electoral y exigir que haya elecciones libres y justas. Asimismo, deberían imponer sanciones contra empresarios y funcionarios gubernamentales que atenten contra el Estado de derecho con el fin de que cesen sus abusos, señalaron las organizaciones.

En enero de 2023, la Unión Europea llevó a cabo una “misión exploratoria electoral” al país. En octubre de 2022, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó interés en enviar observadores electorales a Guatemala, pero las autoridades todavía no han anunciado si se permitirá a los observadores de la OEA monitorear las elecciones.

Los observadores deberían estar atentos a posibles casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, incluso por parte de empresarios y del crimen organizado. Las investigaciones que impulsó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue expulsada por el gobierno del expresidente Jimmy Morales en 2019, pusieron de manifiesto que el financiamiento electoral ilícito propicia la corrupción y “conlleva a la distorsión del modelo democrático guatemalteco”.

“Los observadores electorales deberían iniciar su labor tan pronto como sea posible y asegurarse de que su análisis vaya mucho más allá de los acontecimientos de la jornada electoral”, expresó Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de WOLA. “En particular, deben analizar atentamente cualquier intento de excluir a candidatos opositores, iniciar procesos penales arbitrarios en su contra o realizar acciones orientadas a generar condiciones desiguales durante el proceso electoral”.

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