España: crecen las “colas del hambre” durante la pandemia

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Decenas de personas hacen cola para recibir alimentos donados en Barcelona, España, 10 de noviembre de 2020.
© 2020 AP Photo/Emilio Morenatti

(Madrid) – La inhabilidad del gobierno español para responder adecuadamente al fuerte aumento de la pobreza durante la pandemia de Covid-19 ha dejado a decenas de miles de personas en condiciones desesperadas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

Julio 14, 2022

“No podemos vivir así”

El informe de 70 páginas, “‘No podemos vivir así’: la inhabilidad de España para proteger los derechos en medio del aumento de la pobreza provocada por la pandemia”, documenta las persistentes deficiencias del sistema de seguridad social español. Las medidas de las autoridades para complementar una red de seguridad débil se han quedado cortas, por lo que muchas personas no pueden cubrir sus necesidades fundamentales. Las violaciones de los derechos de las personas a la alimentación, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado podrían empeorar a medida que se disparan los costes mundiales de los alimentos y el combustible. Este informe es el primero de una serie de investigaciones de Human Rights Watch en Europa sobre el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado en el contexto de las repercusiones de la pandemia de Covid-19 y el rápido aumento del coste de la vida en todo el mundo.

“La tormenta económica que llegó con la pandemia de Covid-19 causó estragos en las vidas de las personas con bajos ingresos en España, dejando a los hogares sin poder pagar la comida, incluso antes de la actual crisis del coste de la vida”, dijo Kartik Raj, investigador de Europa de Human Rights Watch. “Los esfuerzos del Gobierno para complementar una red de seguridad social inadecuada han ofrecido muy poco, demasiado tarde y a un número muy limitado de personas, lo que significa que miles siguen dependiendo de la ayuda alimentaria de emergencia, y que los padres se tengan que saltar comidas para que sus hijos no pasen hambre”.

Human Rights Watch entrevistó a 52 personas en “colas del hambre” en Madrid y Barcelona, así como a 22 empleados y voluntarios de bancos de alimentos, especialistas de ONG y académicos, y analizó datos gubernamentales y de otro tipo relacionados con la red de seguridad social y la distribución de ayuda alimentaria de emergencia.

Los datos nacionales muestran que la pandemia de Covid-19 afectó especialmente a los distritos de bajos ingresos de ciudades españolas como Madrid y Barcelona en términos de tasas de infección. El cierre económico de estas zonas densamente pobladas, insuficientemente mitigado por los sistemas de protección social, agravó la situación.

Muchas personas se quedaron sin ingresos y sin poder pagar los alimentos y otros suministros básicos. Muchas se enfrentaron a retrasos en la recepción de pagos de ayudas relacionadas con la pandemia y en las respuestas a sus solicitudes de prestaciones de la seguridad social. Las personas que se ganan la vida en la economía informal se vieron doblemente afectadas al quedar excluidas de los programas públicos de subsidios y seguridad social basados en las cotizaciones.

Las familias con hijos, las personas mayores que dependen de las pensiones de jubilación, los inmigrantes y los solicitantes de asilo, así como los trabajadores de sectores con gran representación de mujeres, como la hostelería y el empleo estacional, se vieron afectados de forma desproporcionada por la pandemia. Las madres solteras, en particular, hablaron de saltarse comidas para asegurarse de que sus hijos no pasaran hambre. Los pensionistas entrevistados en las colas del hambre dijeron que las ayudas de la seguridad social, que ya no eran adecuadas antes de la pandemia, ahora lo eran aún menos.

Los datos de la principal red de bancos de alimentos del país, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), mostraron un aumento del 48 por ciento en los alimentos distribuidos en 2020 en comparación con 2019, acercándose a los niveles más altos de ayuda alimentaria distribuida desde 2014, cuando las tasas de desempleo de España alcanzaron su punto máximo tras la crisis financiera mundial. Los datos de los bancos de alimentos regionales y nacionales mostraron que, aunque la demanda se redujo en 2021, siguió siendo aproximadamente un 20 por ciento más alta que en 2019.

Ante las crecientes colas del hambre y el aumento del desempleo y la pobreza al inicio de la pandemia, el gobierno nacional de España creó en mayo de 2020 un programa nacional de Ingreso Mínimo Vital (IMV), que permite a los solicitantes recibir entre 451 y 1.015 euros al mes en función del tamaño del hogar. Sin embargo, el nivel de ayuda es demasiado bajo para garantizar un nivel de vida adecuado, según Human Rights Watch. Y el propio sistema del IMV se ha topado con una serie de problemas.

Ana Belén, de 42 años, vive en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, con su hijo mayor de edad y su hija de 6 años. Los cierres relacionados con la pandemia la llevaron a cerrar definitivamente el bar que regentaba. “Recibo el IMV”, dijo. “Son 465 euros al mes. Nuestro alquiler es de 600 euros. No podemos comprar nada. Cada mes comienza con una deuda. No hay nada en la nevera. No puedo expresar con palabras el impacto que eso tiene en mí”.

El sistema de seguridad social tuvo dificultades para hacer frente a la demanda del nuevo programa del IMV, agravada por la acumulación de solicitudes debido al cierre de las oficinas administrativas al principio de la pandemia. Como resultado, muchas personas se quedaron sin una ayuda adecuada de la seguridad social y la asistencia social, en algunos casos durante varios meses, y se enfrentaron al hambre cuando se les acabó el dinero.

Aunque el gobierno trató de acelerar el despliegue del programa del IMV –una promesa electoral existente antes de la pandemia—, su defectuosa implementación no logró mitigar el impacto económico de la pandemia. La lentitud de la burocracia, las exclusiones arbitrarias incorporadas a los criterios, un método de cálculo defectuoso para la comprobación de los medios de vida y los altos niveles de rechazo de las solicitudes del IMV contribuyeron al problema. También hubo confusión sobre cómo el programa nacional interactuaría con los planes de asistencia social existentes en las comunidades autónomas de España.

Un análisis llevado a cabo por periodistas de investigación de datos reveló que a finales de marzo de 2021, nueve meses después de iniciado el programa IMV, tres cuartas partes de los solicitantes habían sido rechazados. Para el segundo año de su funcionamiento, los datos mostraban que el IMV solo llegaba a alrededor del 6 por ciento de las personas que el gobierno español considera “en riesgo de pobreza o exclusión social”.

Una acción audaz por parte del Gobierno ahora puede garantizar un resultado mejor y más justo para los derechos de las personas en España y brindarles la resiliencia económica necesaria para capear futuras crisis, señaló Human Rights Watch. El Gobierno debería incluir en la legislación nacional la protección de derechos socioeconómicos específicos, como el derecho a un nivel de vida adecuado y a la alimentación, y reformar significativamente el IMV y las ayudas a la seguridad social en general.

El gobierno español debería acelerar el proceso de asistencia a las personas que necesitan ayudas del IMV y eliminar los criterios restrictivos de elegibilidad. Debería reevaluar y revisar las cuantías de ayuda de la seguridad social, incluidas las pensiones de vejez. Los gobiernos de las comunidades autónomas deberían igualmente revisar y reevaluar sus niveles de apoyo a la seguridad social, indexándolas de forma transparente a las medidas del coste de la vida, incluyendo la garantía del acceso a una alimentación adecuada y asequible.

“Las medidas del gobierno español para mitigar las aristas del shock financiero que desencadenó la emergencia sanitaria, por muy bien intencionadas que sean, no han evitado el aumento del hambre”, dijo Raj. “España necesita un sistema de protección social coordinado y bien financiado que garantice que las personas que necesitan ese apoyo puedan vivir con dignidad, que se protejan sus derechos y que no tengan que vivir al día”.

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