Cuba: Represión a las protestas genera crisis de derechos humanos

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Emilio Román, padre de tres jóvenes que fueron encarcelados tras ser acusados de participar en las protestas de julio contra el gobierno, muestra una foto de sus hijos en su casa del barrio La Güinera, La Habana, el 29 de marzo de 2022.
© 2022 Yamil Lage/AFP via Getty Images

(Nueva York, 11 de julio de 2022) – El régimen cubano ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las protestas masivas de julio de 2021 con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras protestas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy, en el aniversario de las manifestaciones.

El informe de 37 páginas, “Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba”, documenta un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y tortura. La represión del gobierno y su falta de interés por abordar las causas subyacentes que llevaron a los cubanos a las calles, incluyendo el acceso limitado a alimentos y medicamentos, han generado una crisis de derechos humanos que ha causado un aumento drástico en el número de personas que huyen del país.

Julio 11, 2022

Prisión o exilio

“Hace un año, miles de cubanos y cubanas protestaron exigiendo derechos y libertades, pero a muchos de ellos el régimen solo les dio dos opciones: la prisión o el exilio”, dijo Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos de América Latina y Europa deben aumentar urgentemente su escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y priorizar una respuesta coordinada y multilateral antes de que esta crisis se agrave”.

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno a nivel nacional desde la revolución de 1959. Estas protestas, abrumadoramente pacíficas, surgieron en reacción a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.

Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas ubicadas en Cuba, incluyendo víctimas de abusos, sus familiares y abogados. Human Rights Watch también revisó documentos judiciales y corroboró fotografías y videos enviados directamente a los investigadores o publicados en redes sociales. Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), una organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, emitieron dictámenes periciales sobre algunas evidencias de abusos.

Poco después del inicio de las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a los simpatizantes del gobierno y a las fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”.

Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió durante las manifestaciones, al parecer como resultado del accionar de la policía. La organización cubana de derechos humanos Cubalex reporta que más de 1.400 personas fueron detenidas, incluyendo más de 700 que siguen privadas de la libertad.

Los funcionarios de las fuerzas de seguridad detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica, arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o semanas.

En la mayoría de los casos documentados, los detenidos permanecieron incomunicados durante días, semanas y a veces meses, sin poder hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares o abogados. Algunos fueron golpeados, obligados a hacer sentadillas desnudos o sometidos a maltratos, incluyendo privaciones del sueño y otros abusos, que en algunos casos constituyen tortura.

Los tribunales cubanos han ratificado las sentencias en contra de más de 380 manifestantes y transeúntes, incluyendo varios niños y niñas. Muchos juicios tuvieron lugar en tribunales militares, en violación el derecho internacional. Numerosos manifestantes fueron procesados ​​por “sedición” y condenados a penas de prisión desproporcionadas de hasta 25 años por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas.

Los fiscales enmarcaron acciones como protestar pacíficamente o insultar al presidente o a la policía, que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación, como conductas delictivas. Muchos manifestantes y transeúntes fueron condenados en base a evidencias poco confiables o sin corroborar, tales como declaraciones exclusivamente de miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas “huellas de olor” de los acusados encontradas en piedras.

Las víctimas y sus familiares dijeron que agentes de las fuerzas de seguridad los intimidaron repetidamente, en algunos casos obligándolos a abandonar el país.

Orelvys Cabrera Sotolongo, un periodista de 36 años del sitio web de noticias Cubanet, fue detenido en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando salía de las manifestaciones el 11 de julio. Los oficiales lo interrogaron reiteradamente y le dijeron que no volvería a ver a su familia. Solo se le permitió hacer una llamada telefónica 10 días después de su arresto. Pasó parte de su detención con otros ocho detenidos en una celda de un metro y medio por dos metros, con escasa ventilación, luz y acceso al agua.

Fue liberado el 19 de agosto, pero oficiales le dijeron reiteradamente que debía abandonar el país. En diciembre, él y su pareja huyeron. Han solicitado asilo en Estados Unidos.

Agentes de las fuerzas de seguridad arrestaron a Elier Padrón Romero, ayudante de albañilería de 26 años, el 21 de julio en La Güinera, un barrio de bajos recursos en la provincia de La Habana. Su madre dijo que los oficiales lo golpearon a él y a otros detenidos diciendo que “si seguían pensando así los iban a desaparecer”.

En diciembre, un tribunal de La Habana condenó a Padrón Romero por “sedición” porque supuestamente incitó a personas a sumarse a una protesta del 12 de julio y a “seguir adelante” contra un cordón policial. Fue condenado a 15 años de prisión. Tras una apelación, el Tribunal Supremo redujo la pena a 10 años.

Las autoridades cubanas también han tomado medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que las protestas ocurrieran. En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo código penal que incluye múltiples normas vagas e imprecisas que podrían ser utilizadas para criminalizar la oposición pacífica al gobierno. El nuevo código también establece la pena de muerte para varios delitos, incluido el de “sedición”, un cargo empleado contra muchos manifestantes del 11 de julio, y “actos contra la independencia del Estado”.

El número de cubanos que huyen del país ha aumentado dramáticamente. La Patrulla Fronteriza de EE. UU. detuvo a más de 118.000 cubanos entre enero y mayo de 2022, en comparación con 17.000 en el mismo período de 2021. La Guardia Costera de EE. UU. ha interceptado a más de 2.900 cubanos en el mar desde octubre de 2021; la cifra más alta, por mucho, en los últimos cinco años. Muchos cubanos también han huido a otros países.

Los gobiernos de América Latina, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea deberían adoptar medidas para garantizar un enfoque multilateral y coordinado hacia Cuba que priorice los derechos humanos. Para ello, deberían condenar de forma inequívoca la represión y denunciar la situación de derechos humanos en el país frente a los órganos relevantes de Naciones Unidas, en particular el Consejo de Derechos Humanos.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien rara vez ha denunciado los abusos en Cuba, debería condenar públicamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país antes de dejar su cargo a finales de agosto.

Durante décadas, el gobierno cubano se ha beneficiado de una respuesta disfuncional de la comunidad internacional, que no ha logrado promover de manera efectiva el progreso en derechos humanos en el país, señaló Human Rights Watch.

El embargo económico impuesto por Estados Unidos, en lugar de aislar a Cuba, ha aislado al gobierno estadounidense al permitir que el régimen cubano suscite simpatías en el exterior.

Muchos gobiernos latinoamericanos –incluyendo, recientemente, México y Argentina– han sido reticentes a criticar los abusos en Cuba e incluso han elogiado al gobierno cubano, a pesar de su desastroso récord en derechos humanos.

“Los valientes manifestantes que salieron a las calles el año pasado en Cuba tienen sobradas razones para pensar que han sido abandonados por gran parte de la comunidad internacional”, dijo Pappier.

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