Mientras EE. UU. limita el acceso al aborto, algunos estados de México lo extienden

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Mujer sostiene pancarta con el mensaje “Es mi cuerpo, yo decido” durante una manifestación para celebrar la decisión de la Suprema Corte mexicana que determinó la inconstitucionalidad de la penalización absoluta del aborto, en Saltillo, México, el 7 de septiembre de 2021.  
©  2021 REUTERS/Daniel Becerril.

El estado de Guerrero, en el sur de México, acaba de convertirse en el octavo estado mexicano en despenalizar el aborto a pedido. Sigue los pasos de otros estados que también lo hicieron, empezando por Ciudad de México en 2007; Oaxaca en 2019; Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Colima en 2021; y Sinaloa en marzo de 2022.

Este logro legislativo se produce tras la decisión de 2021 de la Suprema Corte de México que declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto en el estado de Coahuila. Por primera vez, el máximo tribunal del país reconoció en forma inequívoca que la criminalización del aborto viola los derechos humanos de las personas embarazadas, como el derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia.   

La expansión de los derechos de aborto en Guerrero se da en un momento en que, en Estados Unidos, ese acceso se encuentra amenazado, ante la posibilidad de que la Corte Suprema invalide Roe v. Wade y la aprobación en el estado de Oklahoma de una nueva ley para prohibir prácticamente todos los tipos de aborto.  

En la mayoría de los estados mexicanos que despenalizaron el aborto, el procedimiento ya era lícito en casos de violación sexual, “malformaciones fetales” por motivos de salud o para salvar la vida de la mujer embarazada. Sin embargo, a menudo las mujeres tienen dificultades para acceder al aborto legal en forma gratuita en los hospitales públicos, ya que los médicos no conocen la normativa o encuentran pretextos para postergar el procedimiento.

Si bien los primeros siete estados mexicanos en despenalizar el procedimiento fijaron en 12 o 13 semanas el plazo para acceder a servicios de aborto, Guerrero dio un paso más y directamente despenalizó el aborto. Actualmente, solo podría enfrentar procesos penales el personal médico o quienes asistan durante un aborto después de la semana 12, excepto cuando el procedimiento se requiera para salvar la vida o preservar la salud de la persona embarazada, y en casos de violencia sexual o “malformaciones congénitas graves”. 

Guerrero ha cobrado notoriedad por las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en ese estado. En 2014, en un suceso tristemente célebre, desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. En 2002, dos mujeres de la comunidad indígena me’phaa, Inés y Valentina, fueron violadas sexualmente y torturadas por militares. En su análisis del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Es un cambio para bien que Guerrero sea noticia por una razón positiva: garantizar los derechos humanos de las personas embarazadas reconociendo plenamente su derecho a interrumpir un embarazo. Es un estado que entiende que la despenalización del aborto es una cuestión de derechos humanos.

*Esta columna de opinión forma parte de una colección de artículos que analizan los derechos al aborto en todo el mundo. Se puede consultar la colección aquí.  

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