México: Solicitantes de asilo enfrentan abusos en la frontera sur

México: Solicitantes de asilo enfrentan abusos en la frontera sur

Click to expand Image

Un grupo de marinos mexicanos ordena a un grupo de migrantes de Bangladesh, India y Pakistán a bajar de un microbús en un puesto de revisión migratoria en las afueras del poblado de Viva México, cerca de Tapachula, en el estado de Chiapas, México el 21 de junio de 2019.
© 2019 AP Photo/Oliver de Ros

(Los Ángeles) — Los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México por la frontera sur enfrentan abusos y dificultades para obtener protección o estatus legal como resultado de las políticas migratorias destinadas a impedir que lleguen a Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch. Al reunirse en Los Ángeles para la Cumbre de las Américas esta semana, los líderes de los países de la región deberían comprometerse a poner fin a políticas migratorias abusivas y a garantizar que quienes buscan protección sean recibidos en cualquier parte del continente.

Las solicitudes de condición de refugiado y las aprehensiones de migrantes en México han aumentado de manera dramática mientras el presidente estadounidense Joe Biden ha continuado negando el acceso al asilo en la frontera sur de EE.UU. y ha presionado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a intensificar los esfuerzos por detener la migración y aumentar las restricciones sobre quienes pueden ingresar a México o viajar dentro del país. Los migrantes que cruzan la frontera sur de México huyendo de violencia y persecución enfrentan abusos, demoras y dificultades para obtener protección y a menudo están obligados a esperar cerca de la frontera durante meses en condiciones inhumanas sin poder trabajar o encontrar dónde vivir.

“Delegar la política migratoria estadounidense a México ha dado lugar a graves abusos y obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones nefastas para solicitar protección”, manifestó Tyler Mattiace, investigador para las Américas de Human Rights Watch. “La Cumbre de las Américas es una oportunidad para que los líderes de la región, incluyendo a los presidentes Biden y López Obrador, se comprometan a implementar un acuerdo regional migratorio que ponga fin a medidas de mano dura y priorice los derechos humanos”.

El gobierno de EE.UU. ha indicado que, durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, los países firmarán una declaración sobre migración y protección. Cualquier acuerdo firmado debe incluir compromisos para restaurar y expandir el acceso a la protección en todo el continente y poner fin a aquellas políticas de control migratorio que han dado lugar a abusos.

En 2021, México aprehendió a 307,569 migrantes—la cifra más alta jamás registrada en el país. Un número récord de 130,863 personas también solicitaron la condición de refugiado en México en 2021—la tercera cantidad más elevada a nivel mundial según el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR. Hace una década, solamente unos pocos miles de personas presentaban solicitudes en México cada año.

La mayoría de quienes ingresan por la frontera sur son personas negras, morenas e indígenas de América Central y el Caribe que no tienen visas para entrar a México. Casi la mitad de quienes solicitaron la condición de refugiado en México en 2021 eran haitianos. La mayoría cruzan la frontera cerca de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas. Alrededor del 70 % de quienes solicitan la condición de refugiado en México lo hacen en Tapachula.

Human Rights Watch entrevistó a más de 100 migrantes, solicitantes de la condición de refugiado, representantes de organizaciones de derechos de los migrantes y organismos de la ONU y funcionarios de Guatemala, Honduras y México entre agosto de 2021 y abril de 2022, en forma presencial y telefónica, en Tapachula y Ciudad de México y en Tecún Umán, Guatemala, cerca del punto principal donde las personas cruzan la frontera sur.

Israel, 24, Nicaragua

La mayoría de quienes buscan asilo ingresan a México sin documentación. Casi todos manifestaron haber llegado huyendo de la violencia o la persecución en sus países de origen, pero no intentaron solicitar protección en un cruce fronterizo oficial por temor a ser deportados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la autoridad migratoria mexicana. La mayor parte de estas personas solicitaron la condición de refugiado una vez que estuvieron dentro de México. Algunos pocos señalaron haber buscado protección en la frontera y haber sido rechazados por agentes del INM o por guardias de seguridad privada. Muchos manifestaron que agentes del INM los habían disuadido de solicitar la condición de refugiado en México y los habían presionado a aceptar un retorno asistido a sus países.

“Pensé que cuando llegáramos a México nos iban a ayudar, pero al llegar al puente fronterizo y pedir protección, nos rechazaron”, dijo un hombre que había huido del reclutamiento forzado por parte de pandillas en Honduras. “Nunca pensé que iba a tener que dejar mi país. Ahora sé que, si regreso, no duraría mucho tiempo vivo. Allí, si no obedeces a las pandillas, te obligan a hacerlo o te matan”.

En 2021, casi 90,000 personas solicitaron la condición de refugiado en Tapachula, lo cual equivale a un cuarto de la población de la ciudad. La mayoría espera durante meses a que sus solicitudes sean revisadas y a que se les entreguen documentos que demuestren su estatus legal y les permitan salir de la ciudad. Suelen enfrentar discriminación y dificultades para encontrar trabajo y vivienda. Los programas de apoyo del ACNUR y del gobierno mexicano son insuficientes. Algunas personas entrevistadas dijeron sentirse inseguras en Tapachula porque la ciudad está cerca de la frontera con Guatemala, donde operan las organizaciones delictivas de las cuales escapan.

El sistema de refugio de México se ha visto sobrepasado por el enorme crecimiento de la cantidad de solicitantes. El presupuesto destinado a la autoridad de refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), no ha crecido al mismo ritmo, por lo cual hay un atraso cada vez mayor en las solicitudes de condición de refugiado que esperan ser resueltas. En 2021, la COMAR procesó 38,005 de estas solicitudes, pero recibió más de 130,000. El ACNUR paga muchos de los costos operativos básicos de la COMAR, incluyendo las dos terceras partes de los salarios del personal. El ACNUR aportó 4.5 millones de dólares en 2021. El gobierno federal contribuyó con poco más de 2 millones de dólares. Algunos gobiernos estatales brindan espacio para instalar oficinas y centros de refugiados.

Click to expand Image

La mayoría de los solicitantes de asilo dijeron que estaban huyendo de amenazas de muerte, extorsión y reclutamiento forzado por parte de pandillas o cárteles de narcotráfico en Honduras, Guatemala o El Salvador, o de persecución política y violaciones generalizadas de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Altos oficiales del INM señalaron que no consideran que la mayoría de las personas que solicitan la condición de refugiado en México tengan solicitudes legítimas, pues no creen que realmente estén huyendo de contextos de violencia y persecución, o porque piensan que la mayoría preferiría solicitar asilo en EE.UU. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha expresado públicamente una postura similar.

La COMAR tiene capacidad para revisar solamente algunas de las solicitudes de condición de refugiado que recibe. Brinda protección a prácticamente todos los ciudadanos hondureños, salvadoreños y venezolanos cuyos casos revisa, pero rechaza a la mayoría de los solicitantes de Haití señalando que no reúnen los requisitos para ser considerados refugiados. Funcionarios de la COMAR han reconocido que los haitianos no pueden ser retornados de manera segura debido a la grave crisis de seguridad que existe en Haití. El INM otorgó visas “humanitarias” temporales a aproximadamente 50,000 haitianos en 2021. En 2022, puso en marcha un programa piloto para permitir que 200 familias de Haití cuyos miembros no reúnen los requisitos como personas refugiadas soliciten la residencia en México.

El presidente Biden ha mantenido muchas de las políticas abusivas del expresidente Donald Trump, incluyendo presionar a México para impedir que los migrantes lleguen a la frontera y bloquear el acceso al asilo en la frontera sur con políticas como el Título 42 y Quédate en México. El presidente López Obrador ha desplegado casi 30,000 soldados junto con agentes del INM para detener a los migrantes indocumentados en todo México.

Los gobiernos de Biden y López Obrador deben actuar para mejorar el acceso a los procedimientos de asilo y el procesamiento de las solicitudes de condición de refugiado en México, manifestó Human Rights Watch. Estados Unidos debe restablecer el acceso al asilo en su frontera y dejar de presionar a México para que reprima la migración. México debe garantizar que la COMAR cuente con los fondos necesarios y de que los solicitantes de asilo puedan presentar sus pedidos en los cruces fronterizos y a los centros de detención. México debe mejorar el procesamiento de las visas de residencia para quienes han sido reconocidos como refugiados. Y debe asegurar que los haitianos tengan acceso a protección y a la condición legal.

“A menudo, el presidente López Obrador describió a México como un país que promueve los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo”, dijo Mattiace. “Si eso es cierto, debe demostrarlo asegurando que los solicitantes de asilo en el sur de México sean recibidos de manera digna”.

 

Ver en la siguiente sección información adicional sobre los hallazgos, las recomendaciones y una selección de casos. A menos que se indique algo distinto, los casos se basan en el testimonio directo de las personas entrevistadas.

Human Rights Watch entrevistó a 80 migrantes y solicitantes de asilo en Tecún Umán, Guatemala, y en Tapachula, México, principalmente en agosto y septiembre de 2021. Realizó otras entrevistas a 28 representantes de organismos de la ONU, de los gobiernos de México, Guatemala y Honduras, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de organizaciones de derechos de los migrantes. Human Rights Watch también analizó documentos, fotografías, videos, mensajes de texto y notas de voz que respaldaban y, a menudo, corroboraban de manera directa descripciones de casos individuales, y recibió información del gobierno federal de México y del estado de Chiapas.

Las conclusiones son congruentes con trabajos previos de Human Rights Watch, realizados en 2015 y en 2020, que determinaron que el INM presionaba a los migrantes para que no solicitaran la condición de refugiado o para que desistieran de las solicitudes, y que expulsaba ilegalmente a algunos, incluyendo niños y niñas, que temían por sus vidas en sus países de origen.

Intensificación del control migratorio

El presidente López Obrador ha intensificado las restricciones migratorias y los esfuerzos de control migratorio como respuesta a la presión ejercida por EE.UU. Estableció nuevos requisitos de visas, con lo cual volvió más difícil para los brasileños, venezolanos y ecuatorianos viajar a México. También impuso nuevas restricciones a los viajes en el territorio nacional, que incluyen exigir que viajeros comprueben su estatus migratorio para viajes internos en autobús y verificaciones de estatus migratorio regular en los vuelos domésticos.

El INM tiene una presencia importante en todo México, con más de 6,000 empleados en 499 ubicaciones, incluyendo 194 puntos de internación y 66 centros de detención migratoria. Agentes del INM y soldados llevan a cabo operaciones de “control y verificación” en todo el país para aprehender a migrantes indocumentados. Operan puestos de control en carreteras y realizan patrullajes e inspecciones sorpresa en autobuses y aviones, en hoteles y en espacios públicos como parques a lo largo de las rutas migratorias. Regularmente publicitan estos esfuerzos. En mayo, la Suprema Corte de México declaró inconstitucionales a estas revisiones. El Congreso deberá modificar la ley actual para que el fallo tenga efecto.

Click to expand Image

En algunos casos, los esfuerzos para aprehender a migrantes indocumentados han desembocado en graves hechos de violencia e incluso muertes. En octubre de 2021, agentes de la Guardia Nacional abrieron fuego contra un camión que transportaba migrantes, en un presunto intento por detenerlos, asesinando a dos personas. Según reportes de prensa, los sobrevivientes afirmaron que los soldados habían intentado encubrir el hecho colocándole un arma a una de las víctimas y manifestando que habían disparado en defensa propia. Esta es una práctica común entre los soldados, ampliamente documentada. En marzo de 2021, soldados dispararon y mataron a un hombre guatemalteco que no se había detenido en un punto de control migratorio. En septiembre, agentes de inmigración fueron filmados dando puntapiés y golpeando a familias en una caravana de migrantes.

Sistema de refugio en México

De conformidad con el derecho mexicano e internacional, toda persona tiene el derecho a solicitar la condición de refugiado y a que dicha solicitud sea escuchada por las autoridades correspondientes. Se prohíbe a los funcionarios retornar a las personas a un país en el cual su vida estaría amenazada o donde estarían en riesgo de sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de si la persona tiene la intención de solicitar la condición de refugiado en México.

El sistema de refugio de México es supervisado por la COMAR, un organismo mucho más pequeño que el INM, que supervisa todas las demás cuestiones relacionadas con la inmigración. La COMAR recibe y resuelve las solicitudes de condición de refugiado en sus nueve oficinas, distribuidas en todo el país. No tiene presencia permanente en ningún aeropuerto ni en los cruces fronterizos.

El derecho mexicano reconoce como refugiado a toda persona que huye de un contexto de violencia generalizada, conflicto interno o violaciones masivas de derechos humanos que perturban gravemente el orden público, entre otros motivos. La COMAR ha determinado que los salvadoreños, hondureños y venezolanos provienen de países en los cuales estas condiciones son prevalentes. Si el motivo por el cual huyen está conectado con la alteración del orden público, la COMAR casi siempre supone que son refugiados y les brinda protección.

No obstante, los solicitantes de otros países en los cuales Human Rights Watch ha documentado condiciones peligrosas similares, como Cuba y Haití, no reciben este trato y tienen muchas menos probabilidades de obtener protección. Los funcionarios de la COMAR señalan que la mayoría de los haitianos no reúnen los requisitos para ser reconocidos como refugiados, dado que muchos anteriormente tenían estatus legal en Chile o en Brasil, y no mencionan la alteración del orden público como un motivo para salir de Haití.

La COMAR también puede otorgar la condición legal denominada “protección complementaria” a cualquier persona que no reúna los requisitos de refugiada, pero que no podría ser retornada de manera segura a su país de origen. Los funcionarios de la COMAR han reconocido que los haitianos no pueden ser retornados de manera segura a su país, pero rara vez otorgan protección complementaria.

La COMAR entrega a los solicitantes un certificado que confirma su condición de solicitantes de asilo. Pueden usarlo para solicitar una visa “humanitaria” temporal ante el INM, la cual resultará válida solo hasta que se resuelva su caso ante la COMAR. Pueden mostrar esta visa para comprobar su estatus migratorio y evitar ser detenidos en caso de ser interceptados por agentes del INM. La COMAR también proporciona a los solicitantes un número de identificación nacional provisorio (conocido como CURP), que se requiere para trabajar y acceder a servicios públicos.

Los solicitantes no tienen autorización para salir del estado mexicano en el que solicitaron la condición de refugiado mientras ella se encuentre en trámite ante la COMAR. Cuando los agentes del INM determinen que alguien ha salido del estado, se considerará que ha “abandonado” su solicitud y puede ser detenido e incluso deportado.

Una vez que una persona es reconocida como refugiada, su visa “humanitaria” temporal deja de tener validez. En ese caso, se debe solicitar al INM una visa de residencia permanente. Sin ese documento si intenta viajar dentro del país, la persona puede ser detenida por agentes del INM. Los refugiados ya reconocidos están exentos del pago de los cargos por solicitud de visas.

Barreras a la protección para personas detenidas

Human Rights Watch entrevistó a 19 personas que habían sido enviadas a centros de detención migratoria. La mayoría manifestaron que habían sido detenidas después de ingresar al país sin documentos y antes de solicitar la condición de refugiado.

Algunas dijeron que agentes del INM habían intentado disuadirlas de solicitar la condición de refugiado y que las habían presionado para aceptar el retorno asistido, aun cuando señalaron que correrían el riesgo de sufrir violencia o persecución en sus países de origen. Algunas expresaron que agentes les instruyeron firmar documentos de retorno asistido sin haberlos leído. Otras dijeron que los agentes habían intentado utilizar las condiciones insalubres en los centros de detención para disuadirlas, manifestando que, si solicitaban la condición de refugiado, pasarían meses o años detenidas.

Funcionarios del INM dijeron que sus agentes siempre informan a los migrantes detenidos sobre su derecho a solicitar la condición de refugiado. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que es sumamente infrecuente que la COMAR reciba solicitudes de migrantes aprehendidos. De las más de 130,000 solicitudes de la condición de refugiado recibidas por la COMAR en 2021, solamente 4,177—es decir, aproximadamente el 3 %—provinieron de personas aprehendidas por agentes del INM.

Todos los entrevistados han sido identificados con pseudónimos para preservar su seguridad. A continuación se transcriben algunos de sus testimonios:

Me detuvieron el viernes. El lunes, llegó la agente de migración. Llevó un grupo de nosotros a otro piso. Nos dijo: “Lo mejor es que pidan deportación voluntaria porque si piden COMAR, pueden estar de 90 días a 3 años esperando su resolución, y aparte de la resolución tienen que esperar otro tiempo para que le den su visa humanitaria, entonces van a perder mucho tiempo aquí. ¿Por qué no se devuelven a sus países?” -Emiliano, 51, Venezuela

Emiliano, 51, Venezuela

Me detuvieron con varias personas. El día después, el agente de migración vino y nos dijo que todos teníamos que firmar nuestros papeles de deportación. Le dije: “No quiero que me deporten. Quiero que me den asilo”. Me preguntó cuál era mi nombre. Luego, se dirigió al grupo y dijo: “Julio está hablando de pedir refugio. Todos deben saber que, si piden refugio, se quedarán aquí por seis meses”. Los demás dijeron que no querían estar detenidos por seis meses; por eso, firmaron los papeles y los mandaron de vuelta. Yo fui el único que se negó a firmar. -Julio, 29 años, Honduras

Me llevaron a hablar con el cónsul y no me dijeron “¿Querés COMAR? ¿Querés pedir COMAR o querés deportación? No me dijeron nada. O sea, yo no sabía nada de eso. Y me llevaron a hablar con el cónsul. Me pidió mis datos personales, mi edad. Y ya, a los dos días de haber hablado con el cónsul, ya venían con mis papeles de deportación, y no dejaban que uno leyera nada. Decían: “firme rápido, huella rápido”, y sin uno leer a lo que iba a firmar. -Juana, 21, Honduras

Juana, 21, Honduras

Cuando entras a ese lugar, pierdes tus derechos humanos. Le pregunté a un guardia si me podían devolver mi teléfono para decirle a mi familia dónde me encontraba. Me dijo: “Aquí nadie puede hablar con su familia”. Había tantas personas que dormíamos uno encima del otro. Incluso dormíamos en el piso del baño, como en una cárcel. Muchos tuvimos fiebre, gripe o tos. No nos daban ningún medicamento. Yo tosía, pero me dijeron: “Todavía no te estás muriendo. Vuelve cuando te estés muriendo”. La mitad de nosotros tenía síntomas de Covid-19. Tuve miedo que iba a morir. -Emiliano, 51 años, Venezuela

Dificultades para acceder a protección en la frontera

Los migrantes y solicitantes de asilo deben poder solicitar protección a los agentes del INM en los cruces fronterizos o después de ingresar a México, de conformidad con el derecho mexicano e internacional. La ley prohíbe a los agentes rechazar a cualquier persona que haya planteado una solicitud de condición de refugiado o a cualquier persona cuya vida correría riesgo al ser devuelta a su país. A estas personas se les debe permitir ingresar y canalizar sus solicitudes a la COMAR.

Click to expand Image

Un balsero se prepara para llevar pasajeros a través del río Suchiate desde Ciudad Hidalgo, México hasta Tecún Uman, Guatemala, el 12 de agosto 2021.
© 2021 Tyler Mattiace

No obstante, la mayoría ingresa a México de manera irregular, incluso quienes tienen la intención de solicitar la condición de refugiado. Casi todas las personas entrevistadas manifestaron que habían ingresado a México de modo irregular, tomando una balsa o vadeando el río Suchiate, que separa a México de Guatemala. Afirmaron no haber utilizado un cruce fronterizo oficial por temor a que los agentes del INM los detuvieran y los deportaran al intentar ingresar o solicitar protección.

Israel, 24, Nicaragua

Funcionarios del INM manifestaron que los solicitantes de la condición de refugiado rara vez ingresan por cruces oficiales, pero si lo hacen, la política es que los adultos queden bajo custodia y sean transferidos a un centro de detención migratoria —y trasladar a los niños y niñas y las familias a un refugio—, donde esperan para hablar con un representante de la COMAR y presentar una solicitud de condición de refugiado.

Sin embargo, las entrevistas sugieren que la situación es más compleja. Las experiencias fueron diversas e indicaron que, en algunas oportunidades, los agentes del INM y los guardias de seguridad privada que se encuentran sobre el puente deciden por su propia cuenta cómo responder cuando alguien solicita protección. Human Rights Watch también habló con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), un colectivo de organizaciones de derechos de migrantes que ayudaron a algunas personas en esa situación.

El COMDHSM señaló que habían ayudado a 87 solicitantes de la condición de refugiado a ingresar legalmente entre febrero y junio de 2021. Dejaron de hacerlo, según afirmaron, tras recibir llamadas telefónicas por parte de un funcionario del INM que los amenazó con iniciar una investigación penal en su contra por trata de personas. Dijeron que los agentes del INM a menudo los acosaban en la frontera, y no les permitían entrar a la oficina del INM o hablar con solicitantes de asilo.

También señalaron que, en una oportunidad, cuando acompañaban a una familia de solicitantes de la condición de refugiado, llegaron elementos de la Guardia Nacional y dos policías municipales de Suchiate, quienes amenazaron con detenerlos. Informaron el incidente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual instó al INM a garantizar su seguridad. Posteriormente, el INM envió a las organizaciones una carta en la cual informaba que había dado a su personal de frontera la instrucción de observar su código de conducta.

Nueve personas entrevistadas señalaron que ellas mismas o sus familias habían intentado ingresar diciéndoles a los agentes del INM en el puente fronterizo Rodolfo Robles, que conecta Tecún Umán, Guatemala, con Ciudad Hidalgo, México, que tenían la intención de solicitar la condición de refugiado en México.

Francisco, 28, Honduras

Ximena, 31, Honduras

Mi esposo estuvo en la cárcel durante 12 años, desde los 14 hasta los 26 años. En la cárcel, si quieres sobrevivir, tienes que unirte a una pandilla. No quería hacerlo, pero lo obligaron. Algunos años antes de que lo liberaran, le dijo a la pandilla que iba a dejar el grupo. Esa noche, alguien entró a la vivienda de su madre y le disparó. Sabíamos que, apenas saliera de la cárcel, eso podía pasarnos a nosotros también. La Cruz Roja nos dijo que podíamos ir a Tecún Umán y solicitar asilo en México. Fuimos hacía allí con toda nuestra familia; los siete. En el puente, los agentes de migración de México nos hicieron esperar durante horas. Finalmente, dijeron que solamente podían ingresar los dos niños y un adulto. El resto de nuestra familia tendría que quedarse en Guatemala. Dijimos: “Somos todos o ninguno”. En Guatemala nos dieron el contacto de una organización mexicana. La semana siguiente vinieron por nosotros en el puente y hablaron con los agentes de migración para que finalmente nos permitieran cruzar. -Ana, 30 años, Guatemala

Cuando llegamos a Tecún Uman, nos dijeron: para evitar problemas en el puente, crucen por las balsas que están debajo, en el río. Pero eso nunca estaba dentro de mis ideas. ¿Cruzar una frontera de manera ilegal? ¿Subir a una balsa con dos niños? No. Yo vengo cuidando mi integridad y mi vida y no me iba a exponer de esa forma. Se supone que uno se refugia en las autoridades porque las autoridades son quienes te van a ayudar. Pero cuando fuimos al puente, nada más me decían que no podía estar allí, que tenía que regresarme a Guatemala. Se negaron a revisar mis papeles hasta que llegó alguien del grupo de derechos humanos para ayudarnos. -Ximena, 31, Honduras

Obligados a esperar en condiciones inhumanas en Tapachula

La mayoría de las personas que solicitan la condición de refugiado espera durante meses en Tapachula: un mes o más para la cita inicial ante la COMAR; luego, de un mes a más de un año, según la complejidad del caso, para que la solicitud sea aprobada o rechazada; y en caso de que sea aprobada, de tres a seis meses para que se otorgue una cita para obtener una tarjeta de residente permanente. Sin esta tarjeta, las personas reconocidas como refugiadas pueden ser detenidas por el INM si intentan viajar. El INM opera puestos de control en todo el territorio de Chiapas, incluyendo en carreteras que salen de la ciudad hacia otras partes del estado, y en terminales de autobuses y aeropuertos.

Si bien ni los funcionarios gubernamentales ni las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes saben cuántas personas se encuentran esperando en Tapachula, una ciudad de algo más de 350,000 habitantes, las casi 90,000 solicitudes de la condición de refugiado que estaban presentadas ahí en 2021 sugieren que son muchas. Las personas entrevistadas afirmaron que las condiciones de vida en los refugios suelen ser extremadamente deficientes, que es difícil o imposible conseguir empleo, que tienen dificultades para obtener medicamentos y que muchas reciben escaso apoyo o ningún tipo de asistencia mientras esperan.

Israel, 24, Nicaragua

Ximena, 31, Honduras

El Consejo Danés para Refugiados lleva a cabo entrevistas periódicas a migrantes en Tapachula, en las cuales indaga acerca del acceso a trabajo, vivienda y servicios. El 75 % de las 438 familias entrevistadas para su informe de enero de 2022 señalaron que ningún integrante de su familia había trabajado en los tres meses anteriores. El 81 % informó que sus hijos no estaban inscritos en escuelas, porque no tenían la intención de permanecer en Tapachula. Alrededor de la mitad dijo no tener medios para comprar medicamentos, y el 40 % manifestó que no sabía cómo acceder a tratamiento médico. Aproximadamente el 70 % dijo que no tenían un número de identidad nacional, que se requiere para trabajar formalmente o usar los hospitales públicos.

La Secretaría de Educación de Chiapas confirmó que algo más de 1,000 estudiantes de afuera de Norteamérica estuvieron inscritos en escuelas públicas de Tapachula en el año escolar 2020-2021. La Secretaría de Salud no mantiene un registro de la nacionalidad de los pacientes en las clínicas públicas.

Los programas de asistencia financiera proporcionados por el ACNUR y el gobierno para los solicitantes de la condición de refugiado no alcanzan a muchas personas que necesitan ayuda. Un programa de apoyo financiero a corto plazo del ACNUR que brinda de 100 a 300 dólares por mes por hasta tres meses para personas vulnerables llega a aproximadamente 100 hogares por semana. En un programa del gobierno federal para solicitantes de la condición de refugiado, los aproximadamente 1,500 participantes semanales plantan árboles o realizan trabajos agrícolas, manifestaron los funcionarios. Ellos reciben 130 dólares cada dos semanas. Human Rights Watch vio a cientos de personas esperando en fila todas las mañanas para inscribirse en ambos programas.

Click to expand Image

Un trabajador tala bosque para poder plantar árboles frutales como parte de un programa del gobierno de México para brindar empleo temporal a solicitantes de la condición de refugiado, el 25 de agosto de 2021.
© 2021 Nelson González

No puedo salir de Tapachula. Me tengo que quedar acá. Con respecto al trabajo, es muy difícil. Las personas no tienen la confianza de darle trabajo a un extranjero y ha sido muy difícil estar en otro país que no sea el tuyo. Viví muchas situaciones y experiencias que nunca hasta ahora había vivido. Como de andar en la calle sin ningún centavo. No tener qué comer. No tener qué tomar. Es muy difícil eso. -Israel, 24, Nicaragua

Nos fuimos de Honduras porque un cártel del narcotráfico nos echó de nuestra finca. Pero aquí, en el refugio, una mujer se acercó a mí y me dijo que su familia está con el mismo cártel. Sabía de nuestra situación. Nos amenazó. Solo quiero irme de Chiapas y estar en un lugar más seguro. -Carla, 27 años, Honduras

Algunas personas afirmaron que los propietarios y empleadores se niegan a alquilar sus inmuebles o a contratar a personas que no son mexicanas. En el exterior de algunos negocios hay letreros en los cuales se ofrecen empleos solamente a mexicanos.

Click to expand Image

Un cartel colocado afuera de una tienda en el centro de Tapachula, México solicita personal que cumpla con requisitos que incluyen “nacionalidad mexicana”, el 15 de agosto, 2021.
© 2021 Tyler Mattiace

Es difícil encontrar un lugar para vivir aquí. Los refugios son horribles; no me siento segura aquí con mis niños. Hace poco encontré un departamento. El propietario me dijo que en el edificio no se admiten extranjeros; eso está escrito en el contrato de alquiler. Me dijo que, si los vecinos escuchan mi acento o se enteran de que soy hondureña, me va a desalojar. -Ximena, 31 años, Honduras

En Honduras, yo conducía un taxi. La MS-13 vino y me exigió una “cuota”. Yo no les hice caso. Entonces vinieron a mi casa. Dijeron que, si no pagaba, nos matarían. Pero querían más dinero de lo que yo ganaba; no tenía modo de poder pagar. Tengo amigos en Monterrey [en el norte de México], y por eso queríamos ir allí. Pero ahora no podemos salir de Tapachula. Cuando llegamos aquí, no sabíamos qué hacer. Al principio, dormíamos en el parque. Yo, mi esposa y mis dos hijos. Luego, encontramos un refugio. Dicen que tenemos que esperar aquí durante meses. Pero aquí no encuentro trabajo. No sé qué vamos a hacer. -Joel, 20 años, Honduras

Dificultades para salir de Tapachula

La mayoría de las personas entrevistadas dijeron que estaban desesperadas por salir de Tapachula, pues se sentían inseguras o no encontraban vivienda o trabajo. Algunos indicaron que tenían familiares o amigos en otras partes de México que podían brindarles ayuda. Según lo confirmaron funcionarios y organizaciones de derechos de los migrantes, esa es una queja habitual.

La COMAR permite que los solicitantes de la condición de refugiados transfieran su caso a una oficina en otro estado, pero los funcionarios dijeron que solamente aprueban estas solicitudes en casos excepcionales, como por ejemplo si los solicitantes demuestran que están recibiendo amenazas o que están expuestos a otros peligros en Tapachula.

Dado que el tiempo de espera para las visas humanitarias y las visas de residencia se ha extendido, las personas que esperan en Tapachula han comenzado a protestar por las demoras y dificultades. Han organizado huelgas de hambre, cosido la boca, quemado llantas, atacado oficinas de inmigración y mantenido enfrentamientos con soldados y policías. Frecuentes “caravanas” de migrantes intentan pasar los puntos de control para salir de Tapachula. En algunos casos, los agentes del INM y de la Guardia Nacional han dispersado con violencia esas caravanas.

La respuesta del INM ha sido desorganizada y poco transparente, y las organizaciones de derechos de los migrantes en Tapachula señalan que ha causado “confusión y tensión”. En los meses de noviembre y diciembre, cuando una gran cantidad de solicitantes de asilo haitianos estaban esperando en Tapachula, el organismo hizo circular mensajes en las redes sociales alentando a quienes deseaban dejar la ciudad a que se acercaran al estadio de fútbol para tener la oportunidad de trasladarse a otro estado. A esta convocatoria asistieron decenas de miles de personas.

El estadio se encontraba repleto, en condiciones de desorganización e insalubridad, con personas esperando al sol y durmiendo en el suelo, sin agua potable ni lugares donde dejar la basura, y con baños sucios y desbordados, señaló Refugees International, que realizó una visita en diciembre. Soldados patrullaban el lugar. El INM informó que transfirió aproximadamente 42,000 personas a otros estados en diciembre, la mayoría de nacionalidad haitiana.

Desde ese momento, el organismo ha expedido visas humanitarias o ha otorgado transferencias a quienes protestan o forman caravanas, aparentemente, para evitar la atención internacional indeseada que estas situaciones suelen acarrear. Otras personas siguen esperando durante meses para que se les asignen citas en Tapachula. Al mes de abril, el organismo de inmigración informó que, desde noviembre de 2021, había transferido más de 50,000 personas a 24 estados.

En mayo, el INM informó a Human Rights Watch que había duplicado su capacidad para recibir solicitudes en Chiapas, de 468 a 1,110 por día con el fin de reducir tiempos de espera. El ACNUR opera un programa de integración que reubica a refugiados reconocidos del sur de México a 10 ciudades del centro y el norte del país, y los ayuda a encontrar trabajo y vivienda. Desde su inicio en 2016, el programa ha reubicado a más de 18,000 personas.

En 2022, la Organización Internacional para las Migraciones puso en marcha un programa piloto para ayudar a que familias en Tapachula que no reúnen los requisitos para ser consideradas refugiadas puedan obtener estatus legal, trasladarse al centro de México, y encontrar trabajo y vivienda allí. Al mes de mayo, había reubicado a 60 familias, y tiene planificado reubicar a otras 200 para fines de 2022.

Sistema de refugiados desbordado

Las solicitudes de la condición de refugiado en México han crecido de manera exponencial a medida que EE.UU. ha restringido el acceso al asilo y México ha incrementado el control migratorio, haciendo más difícil llegar a EE.UU. Muchas personas entrevistadas manifestaron que habían salido de sus países de origen con la expectativa de llegar a EE.UU., pero que al darse cuenta de las dificultades que esto entrañaba aceptarían permanecer en México.

La financiación de la COMAR ha quedado relegada. Si bien las solicitudes de la condición de refugiado se multiplicaron por 174 en la última década, el financiamiento gubernamental destinado a la COMAR se incrementó apenas 2 veces y media, a 44 millones de pesos (2.2 millones de dólares) en 2021.

Click to expand Image

 

Año

Solicitantes de estatus de refugiado

Financiamiento de COMAR (USD)

2011

752

$1,369,899

2012

811

$1,551,517

2013

1,296

$1,805,209

2014

2,137

$1,866,070

2015

3,423

$1,637,955

2016

8,796

$1,207,568

2017

14,619

$1,346,249

2018

29,574

$1,343,380

2019

70,327

$1,083,855

2020

40,962

$2,221,224

2021

130,863

$2,190,278

Funcionarios de la COMAR manifestaron que el presupuesto actual es insuficiente incluso para cubrir los gastos operativos básicos, haciéndolo fuertemente dependiente del apoyo externo. El ACNUR proporcionó 4.5 millones de dólares en 2021, el doble que el gobierno mexicano. El ACNUR paga por los edificios que la COMAR usa en algunas ciudades y cubre insumos de oficina como papel y tinta para impresora. Hasta hace poco, el ACNUR empleaba a 230 de los 361 empleados de la COMAR a través de una empresa de tercerización. Esto generó algunos inconvenientes, porque el personal contratado de esa manera no puede realizar algunas tareas básicas como firmar documentos oficiales.

Andrés Ramírez, Coordinador General, COMAR

En abril, el ACNUR comenzó a transferir dinero para que la COMAR empleara de manera directa a la mayor parte del personal, aunque al mes de mayo, aún había 12 empleados tercerizados. La COMAR también recibe apoyo de los gobiernos de los estados de Coahuila, Jalisco y Chiapas, que han proporcionado edificios y tierras para la instalación de oficinas y centros de procesamiento.

Pese a este apoyo, la COMAR tiene dificultades para procesar de manera oportuna el número cada vez mayor de solicitudes. Si se produce una acumulación de casos sin resolver, los solicitantes de asilo pueden llegar a tener que enfrentar períodos de espera de más de dos años. En 2021, la COMAR recibió solicitudes de 130,863 personas y resolvió o cerró apenas 38,005.

Click to expand Image

Aproximadamente el 70 % de las solicitudes de la condición de refugiados se realizan a través de la oficina de la COMAR en Tapachula, donde los funcionarios han tenido dificultades para gestionar la gran demanda de citas. Para obtener una cita, habitualmente en el plazo de un mes, una enorme cantidad de solicitantes de asilo forman fila fuera de la oficina temprano por la mañana. Algunos pasan la noche en la fila.

Click to expand Image

Solicitantes de asilo esperan afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y de le agencia de refugiados de la ONU en Tapachula, México, el 13 de agosto, 2021.
© 2021 Tamara Taraciuk Broner

En agosto de 2021, la COMAR creó un sistema de citas en línea. En el término de algunas semanas, se reservaron citas hasta el fin de ese año. Los medios informaron que algunas personas vendían citas por el monto equivalente a cientos de dólares. En septiembre, la COMAR inhabilitó el sistema en línea y anunció que temporalmente recibiría solicitudes en el estadio de fútbol de Tapachula. Al mes de abril, funcionarios anunciaron que habían vuelto a asignar citas en la oficina.

Recomendaciones

Al INM

Asegurar que los agentes de migración informen a todos los migrantes detenidos acerca de su derecho a solicitar la condición de refugiado u otras formas de protección internacional en México, conforme lo exige la legislación nacional, y no intenten disuadir a las personas de la posibilidad de solicitar protección.
Mejorar las condiciones de detención migratoria, particularmente garantizando:

instalaciones sanitarias adecuadas, limpias y seguras;
camas adecuadas y limpias para cada persona detenida;
acceso a teléfonos; y
respuestas oportunas y adecuadas a pedidos de atención médica.

Agilizar los procedimientos para solicitar visas de residencia para los refugiados reconocidos.
Tomar medidas para que los procesos sean más simples y menos costosos, de modo que quienes ya son elegibles para obtener la condición legal en México la soliciten y la reciban sin solicitar la condición de refugiado.
Trabajar con la Organización Internacional para las Migraciones para que amplíe el programa piloto a fin de ayudar a las personas que no son refugiadas a obtener la condición legal e integrarse en las ciudades en México Central.

A la COMAR

Asignar, de manera permanente, representantes en los cruces fronterizos y puntos de ingreso para facilitar la protección a quienes la requieran.
Ampliar la presencia en centros de detención para que los solicitantes de asilo detenidos puedan solicitar la condición de refugiado.
Evaluar las solicitudes de ciudadanos haitianos utilizando el mismo estándar aplicado a otros solicitantes de países que experimentan violencia generalizada o violaciones masivas de derechos humanos que hayan alterado gravemente el orden público.
Otorgar protección complementaria a los ciudadanos haitianos que no reúnen los requisitos para ser reconocidos como refugiados y no tienen condición legal en otro país, ya que no pueden ser retornados de manera segura a Haití.

A la Secretaría de Gobernación de México

Realizar una auditoría de las necesidades y la capacidad de la COMAR y cerciorarse de que el organismo cuente con personal y fondos suficientes.

Al gobierno de Biden

Restablecer el acceso al asilo en la frontera estadounidense.

Dejar de ejercer presión sobre México para que impida que los migrantes lleguen a la frontera con EE. UU., y colaborar con México y con otros gobiernos a fin de crear un plan regional integral para acceder a protección y para una migración segura y digna.
Prestar apoyo para que la COMAR amplíe su capacidad de manera permanente.

A %d blogueros les gusta esto: