Los ataques a la educación aumentaron en todo el mundo durante la pandemia

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Una sobreviviente del ataque con explosivos del 8 de mayo de 2021 a la escuela Sayed Al-Shuhada en Kabul, Afganistán, mira el interior de un aula días después del ataque.
© 2021 UNICEF/UN0514375

(Nueva York) – Más de 9.000 estudiantes, docentes y académicos sufrieron daños, resultaron heridos o murieron en ataques contra la educación durante conflictos armados en los últimos dos años, según se indica en Ataques a la Educación 2022, un informe de 265 páginas publicado hoy por la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA). En 2020 y 2021 tuvieron lugar más de 5.000 ataques separados a estudiantes, educadores y establecimientos educativos, o incidentes de uso militar de estos, lo que representa un aumento significativo respecto de los dos años a anteriores.

Los investigadores que participaron en Ataques a la Educación 2022 determinaron que la cantidad de ataques a la educación e instancias de uso militar de escuelas aumentó en un tercio de 2019 a 2020, y se mantuvo en este nivel elevado en 2021, aun cuando las escuelas y universidades de todo el mundo estuvieron cerradas por largos períodos durante la pandemia de COVID-19. GCPEA identificó que se incrementaron los ataques en países como Burkina Faso, Colombia, Etiopía, Malí, Myanmar y Nigeria, y que emergen en otros como Mozambique y Azerbaiyán, a la vez que se detectó una reducción en Sudán del Sur, Siria y Yemen. Los ataques se intensificaron en 2022: más de mil escuelas y universidades resultaron dañadas en Ucrania desde el 24 de febrero, según el Ministerio de Educación y Ciencias y organizaciones de la sociedad civil de ese país.

“Es fundamental que los gobiernos y los grupos armados cesen los ataques a la educación, y dejen de usar escuelas y universidades con fines militares”, expresó Diya Nijhowne, directora ejecutiva de GCPEA. “Los gobiernos deben investigar los ataques y juzgar a los responsables de abusos. En las campañas de ‘regreso a clases’ que se impulsan tras el COVID-19, se debe integrar completamente a los estudiantes afectados por los ataques, y ampliar los programas de educación alternativos desarrollados durante la pandemia, según la necesidad”.

Los ataques a la educación involucran a fuerzas armadas y grupos armados no estatales que atacan con explosivos o incendian escuelas y universidades y que matan, hieren, violan, secuestran, arrestan arbitrariamente y reclutan a estudiantes y educadores en las instituciones educativas o cerca de ellas en períodos de conflicto armado. Además de las muertes y lesiones que causan estos ataques, las escuelas destruidas y ocupadas frustran el aprendizaje, a veces de manera permanente, y tienen consecuencias sociales y económicas a largo plazo.

Las armas explosivas, que se utilizaron en una quinta parte de todos los ataques a la educación informados, tuvieron efectos especialmente devastadores e hirieron o mataron a una enorme cantidad de estudiantes y educadores, y dañaron miles de escuelas y universidades. En Afganistán, los ataques contra escuelas con armas explosivas causaron la muerte o heridas a, por lo menos, 185 docentes y estudiantes, casi exclusivamente niñas, solo en la primera mitad de 2021. En Palestina, los ataques aéreos y terrestres provocaron daños a una cuarta parte de las escuelas de Gaza durante una escalada de hostilidades que tuvo lugar en mayo de 2021.

Los ataques a las escuelas representan casi dos tercios de todos los informes sobre ataques a la educación y uso militar recopilados por GCPEA, una proporción similar a la de los dos años anteriores. En 2020 y 2021, la República Democrática del Congo, Malí y Palestina fueron los países más afectados por los ataques a escuelas, y cada uno experimentó más de 400 amenazas o instancias concretas de ataques.

Las tasas de uso militar de escuelas y universidades por fuerzas armadas y grupos armados no estatales se incrementaron en más del doble en 2020 y 2021, en comparación con los dos años anteriores. Este aumento se debe a un incremento en la cantidad de escuelas utilizadas como cuarteles, centros de detención o para operaciones militares. Myanmar tuvo más de 200 casos de este tipo, mayormente después del golpe militar de febrero de 2021.

Los ataques dirigidos específicamente contra los estudiantes y educadores también fueron generalizados. En Nigeria, más de 1000 estudiantes o educadores habrían sido secuestrados, heridos o asesinados, al menos un tercio de ellos mujeres y niñas. El ritmo de estos ataques, muchos de ellos perpetrados por grupos armados no identificados, se intensificó a partir de diciembre de 2020. En Burkina Faso, Camerún, Palestina, Somalia y Colombia también se registraron muchos casos de amenazas, secuestros, lesiones o asesinatos que tuvieron a estudiantes y enseñantes como víctimas.

Grupos armados o fuerzas armadas atacaron asimismo escuelas para reclutar a niños y niñas. En los últimos dos años, fuerzas armadas estatales o grupos armados habrían reclutado a estudiantes de escuelas en Colombia, la República Democrática del Congo, Malí y Yemen, mientras que fuerzas armadas, fuerzas de seguridad o grupos armados habrían sido responsables de hechos de violencia sexual perpetrados en escuelas y universidades, o en el trayecto hacia o desde ellas, en por lo menos siete países.

También las universidades y sus estudiantes y personal fueron alcanzados por ataques durante los últimos dos años, con más de 320 incidentes informados. La mayoría de estos ataques estuvieron dirigidos a estudiantes y personal universitario, mientras que una cuarta parte de los incidentes iban dirigidos a edificios de universidades. Más de 550 estudiantes o trabajadores de instituciones universitarias resultaron heridos, fueron secuestrados o murieron y otros 1.450 fueron detenidos o condenados.

La pandemia de COVID-19 no desaceleró los ataques a la educación. De hecho, algunas violaciones se hicieron más generalizadas en 2020 y 2021. Fuerzas armadas y grupos armados no estatales usaron  escuelas desocupadas para fines militares, incluso en Afganistán, Myanmar, Sudán y Siria. En otras partes, la policía respondió con un uso excesivo de la fuerza a las protestas de estudiantes y educadores por políticas relacionadas con el cierre y la reapertura de escuelas y universidades durante la pandemia, incluido el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos. En otros países, como Colombia y Palestina, luego de que se levantaron las medidas de confinamiento, las escuelas que habían sufrido daños durante los ataques tardaron en reabrir, o lo hicieron con instalaciones dañadas.

Este informe se presentó en el séptimo aniversario de la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político orientado a proteger a la educación en los conflictos armados, que ha sido respaldado por 114 países. Al sumarse a la Declaración, los países se comprometen a tomar medidas concretas para proteger la educación, entre otras cosas, empleando las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. Desde que la declaración se presentó para su adhesión en 2015, los gobiernos y sus socios han incorporado  mejoras concretas en la legislación y en la práctica para proteger a la educación frente a ataques. Más de un tercio de los países relevados en el informe no son signatarios.

“Mientras los ataques a escuelas y universidades, sus estudiantes y educadores continúan ocurriendo tanto en los conflictos nuevos como en los sostenidos, la Declaración sobre Escuelas Seguras, en su séptimo aniversario, sigue siendo una herramienta fundamental”, señaló Nijhowne. “Todos los gobiernos deben respaldar e implementar la Declaración para salvar vidas y preservar el derecho a la educación para todos, incluidos quienes están en las situaciones de guerra más graves”.

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Nota a los editores:

El informe es el sexto en la serie Ataques a la Educación. Analiza tendencias globales y describe instancias de ataques y uso militar de escuelas y universidades en 28 países.

La Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA) es una coalición de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas de educación en emergencias, protección y educación superior.

La preparación de Ataques a la educación 2022 fue posible gracias a los generosos aportes de Education Above All Foundation, Education Cannot Wait, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y un donante anónimo.

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