Suprema Corte de México prohíbe revisiones migratorias ‘aleatorias’

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Un grupo de marinos mexicanos ordena a un grupo de migrantes de Bangladesh, India y Pakistán a bajar de un microbús en un puesto de revisión migratoria en las afueras del poblado de Viva México, cerca de Tapachula, en el estado de Chiapas, México el 21 de junio de 2019.
© 2019 AP Photo/Oliver de Ros

La Suprema Corte de México dictó una sentencia emblemática la semana pasada, que declara inconstitucional una disposición que permite a los agentes de migración interceptar a cualquier persona y exigirle documentos que demuestren su estatus legal en el país. El fallo fue emitido tras años de litigios impulsados por organizaciones de derechos humanos mexicanas y podría tener un impacto considerable en la política migratoria de México, que se ha centrado, bajo presión de Estados Unidos en impedir físicamente que los migrantes lleguen a la frontera norte.

La corte falló a favor de miembros de una familia indígena de la comunidad tseltal maya que habían sido detenidos, y uno de los cuales había sido torturado, por agentes de migración que sospechaban que eran migrantes guatemaltecos indocumentados que intentaban llegar a EE. UU. Los tres hermanos, Amy, Esther y Alberto, viajaban en autobús desde su hogar en el estado de Chiapas, en el sur de México, hacía el estado de Sonora en el norte, para trabajar como jornaleros agrícolas. Es muy común que los habitantes del sur, la región más pobre de México, viajen hacia el norte del país en busca de trabajo.

Cuando el autobús llegó a un punto de revisión migratoria en la carretera, los agentes de migración dijeron que los hermanos, cuyo español es limitado, “no parecían mexicanos”. Los hermanos les mostraron sus documentos de identidad, pero los agentes afirmaron que eran “falsos” y los detuvieron. Durante la detención, los agentes golpearon a Alberto y le aplicaron descargas eléctricas hasta que aceptó firmar un documento—aunque no sabe leer ni escribir—aceptando que los tres fueran deportados a Guatemala.

Las revisiones migratorias se han vuelto muy comunes en México. Soldados y agentes de migración se suben a autobuses, paran autos en la carretera, interceptan a personas en aeropuertos, hacen redadas en hoteles y patrullan parques y plazas para detener a migrantes indocumentados. Por lo general, el blanco de estas revisiones son las personas negras, morenas o indígenas. Esto incluye a mexicanos de comunidades indígenas o afromexicanos que, a menudo, son detenidos, hostigados o incluso deportados de forma indebida.

La corte determinó que la Ley de Migración actualmente en vigencia viola los derechos constitucionales a la igualdad y a la no discriminación, ya que impacta de forma desproporcionada a personas indígenas y afromexicanas, ante la falta de parámetros objetivos para decidir quiénes deben ser revisados, que permite a las autoridades migratorias hacer estas determinaciones en base a origen étnico, color de piel o idioma. También concluyó que la ley viola el derecho constitucional a la libre circulación, que la corte afirmó debería permitir a cualquier persona viajar por México sin documento de identidad, independientemente de su nacionalidad. El Congreso ahora debe reformar la ley.

Estados Unidos sigue presionando a México para evitar que los migrantes lleguen a la frontera. Las revisiones migratorias han sido una herramienta clave para lograr ese objetivo. También han dado lugar a abusos graves contra personas mexicanas y de otras nacionalidades. Su prohibición es una victoria para los derechos humanos que merece ser celebrada.

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