Lo que sigue ocultando la ley franquista de Secretos Oficiales

Lo que sigue ocultando la ley franquista de Secretos Oficiales

Redacción

Un secreto es algo reservado, oculto; un asunto que alguien no quiere que se sepa. Un secreto cumplirá mejor su función si ni siquiera se sabe que existe. Es lo que ocurre con más de medio siglo de secretos de Estado: ni siquiera es posible saber qué materias o asuntos son calificados como tal, por lo que es imposible echarlos en falta. Al amparo de una ley nacida en los tiempos de muros de hormigón de la dictadura, es el Consejo de Ministros el único con potestad para clasificar y desclasificar información reservada o secreta. Y ningún gobierno de ningún color político se ha atrevido a arrojar luz a más de cincuenta años de archivos ocultos. Ni siquiera con la ley de Transparencia hubo voluntad del legislador para que la cultura de luz y taquígrafos que acompañaba a la norma sustituyera por cristales aquellos muros del Franquismo. Ahora, esta misma semana, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se comprometía a aprobar este año, en el Consejo de Ministros, un proyecto de nueva ley de secretos oficiales, tal y como figura en el Plan Normativo presentado a principios de año.

Qué es secreto

Según el texto, corresponde al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor determinar qué materias deben ser clasificadas como secreto o reservado, según el grado de protección y custodia de las mismas. La Junta desapareció con la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005, por lo que es el Gobierno, de forma colegiada, el único con capacidad para clasificar y desclasificar información sensible en el seno del Consejo de Ministros. O al menos, eso dice la ley.A finales del año pasado, un diputado preguntó al Gobierno por los viajes de miembros del Gobierno en aeronaves militares. En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo aseguraba que se trataba de “materia clasificada con el máximo grado de protección” e indicaba que así lo había estipulado un Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, con Felipe González al frente del mismo. Una situación similar se dio cuando otro diputado preguntó por las circunstancias en las que se habían producido los suicidios de guardias civiles y policías en los últimos 20 años: el Ejecutivo respondió que había sido declarado como reservado en esa misma reunión del gobierno en 1986.Sin embargo, no existe un listado de declaraciones de secretos oficiales. Es lo que alegó el Consejo de la Transparencia para denegar una petición de información que solicitaba los acuerdos de declaración de secreto oficial firmados por el Consejo de Ministros desde 1976. Además, no todos los secretos surgen de la decisión adoptada en una reunión del Ejecutivo: la norma señala que “tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por Ley”.

El responsable de los Servicios de Protección de Materias Clasificadas de cada Ministerio está obligado a elaborar un inventario en enero de cada año y remitírselo al ministro o ministra correspondiente, pero este inventario tampoco es público ni accesible por personas ajenas a las expresamente autorizadas. Es la pescadilla que se muerde la cola.Pese a la opacidad, investigadores e historiadores dejan algunas pistas de qué nos estamos perdiendo: no pocas veces, en el ejercicio de sus actividades, se han topado con el muro de los secretos. ¿Qué hubo detrás de la salida de España del Sáhara? ¿Qué papel jugó el Rey? ¿Cómo se gestó el intento de golpe de Estado del 23F? ¿Cómo funcionaba la guerra sucia de los GAL? ¿Cómo se negoció la instalación de bases militares americanas en España? ¿Qué decisiones se tomaron tras el accidente nuclear de Palomares? La respuesta a muchas de estas preguntas está en archivos clasificados, lagunas en la Historia que, sin esa información, son imposibles de completar.Sobre Palomares se han escrito libros y elaborado documentales. La fuente para los mismos ha sido la información oficial de EEUU: allí sí fue desclasificada.

Venta de armas

El Boletín Oficial de las Cortes recoge una pregunta parlamentaria de dos diputados populares en la que el Gobierno de Felipe González explicaba las materias que se habían clasificado hasta 1987. Gracias a esa pregunta es posible conocer que, entre el 78 y el 82, el Gobierno no clasificó materia alguna. En los años siguientes, declaró como secretos la compra de material militar, instalaciones militares, expedientes sobre telecomunicaciones y las actas del organismo que regula la venta de armas de España. Ésta última decisión llegó en marzo de 1987, poco después de que la prensa hiciera públicos los negocios de España con el régimen del general chileno Augusto Pinochet. Eso sí, en casi una década no se desclasificó documento alguno.En cuanto a la ya extinta Junta de Jefes de Estado Mayor, se clasificó información sobre el palacio de Marivent, residencia de verano de los Reyes, o sobre “objetos volantes no identificados”. Sí se desclasificaron algunas materias.

También hay acontecimientos más recientes ocultos con el pretexto de la ley franquista: los informes en los que se basó el Ejecutivo para conceder una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana Plus Ultra en marzo de 2021 o si había recibido alertas del Departamento de Seguridad Nacional en los meses previos a que la pandemia de Covid estallara en España. Después de conocerse que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, llegó a la base militar de Zaragoza en un avión militar argelino para recibir atención hospitalaria, el juez que investiga la causa citó a declarar a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, que se escudó en un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, para evitar identificar a la autoridad argelina y a los miembros del Ejecutivo español que tenían conocimiento de que se iba a permitir la entrada del líder saharaui. El acuerdo nunca se recogió en el BOE.Un hito en la historia

En 2011, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, decidió tomar una decisión inédita en democracia: desclasificar 10.000 documentos de 1936 a 1968. La mayoría llevaban 50 años o más guardados en los archivos militares. Con las elecciones, el proyecto se aparcó, y el nuevo gobierno decidió paralizarlo. Pedro Morenés, que sustituyó a Chacón en Defensa, consideraba que liberar los documentos podría perjudicar las relaciones diplomáticas. En 2018 recogió el testigo de Margarita Robles, que ordenó liberar todos los papeles fechados antes de 1968.

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