El Constitucional analizará si Batet vulneró derechos del PP por no reclamar los expedientes de los indultos

Redacción

Acceso a información para poder realizar la oposición al Gobierno. Este es el fondo del recurso que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este lunes y que fue presentado por la hoy secretaria general del PP y portavoz en el Congreso Cuca Gamarra contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de no reclamar al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes condenados por el procés independentista en Cataluña.

El asunto, que llegó a la Sala Primera del Constitucional con ponencia del magistrado conservador Alfredo Montoya, se refiere concretamente a una decisión que la presidenta del Congreso el pasado 13 de septiembre. El rechazo de Batet a reclamar esta documentación al Gobierno constituyó para el PP una vulneración de sus derechos al ejercicio del cargo representativo, y así quiere que sea declarado por el órgano de garantías. 

Los populares criticaron en dicho momento tener que enterarse por la prensa de parte del contenido de los citados informes, donde el Ministerio de Justicia entonces a cargo de Juan Carlos Campo motivaba la concesión de la medida de gracia, y acusaron a la presidenta del Congreso de defender al Ejecutivo.

Ya en junio del pasado año, tras concederse los indultos a nueve de los condenados había realizado una primera petición formal de los documentos que no fue contestada hasta septiembre de 2021, alegando el Gobierno que la remisión no era posible porque los expedientes contenían “circunstancias personales, familiares y sociales, así como datos de ilícitos penales” de Oriol Junqueras y el resto de indultados que no se podían pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado o transcurridos los plazos establecidos”.

Consultados después del fallecimiento

Según la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta que le realizó el diputado del Grupo Mixto (ex de Ciudadanos) Pablo Cambronero, recogida en su día por Europa Press, no se puede dar acceso a los expedientes completos de los indultos a los líderes del procés sin el “consentimiento expreso” de los afectados, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y en los plazos marcados en la Ley del Patrimonio Histórico Español.

Esta última establece que los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser publicados sin consentimiento expreso de los afectados, hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.

Por su parte, Gamarra pidió amparo a Batet para que instara a La Moncloa a remitir los documentos, si bien la presidenta del Congreso se opuso y aseguró el Gobierno dio razones fundadas en derecho para no facilitar la información. Esta decisión es la que se recurrió al Tribunal Constitucional.

“Escollo” para la superación del conflicto

Los expedientes de indulto a los nueve condenados por sedición y malversación fueron dados a conocer por los medios de comunicación a finales de junio del pasado año, y ello se incidía en que la prisión de todos ellos supone un “claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década”. Estas motivaciones fueron duramente criticadas por la oposición, que por ello reclamó tener acceso a los documentos de primera mano.

Los papeles explicaban que el Gobierno había valorado el papel de cada uno de los indultados en la escena política catalana, así como su afectación en el “devenir de las relaciones entre España y Cataluña”. La propuesta de indultos concedidos por el Ministerio de Justicia se decía “muy consciente de la gravedad de lo ocurrido en Catalunya en el otoño de 2017″, y añadía que “quienes llevaron a cabo tales hechos no solo actuaron ignorando la Constitución, sino que también ignoraron a quienes no piensan como ellos (…). Cegados por sus objetivos políticos, olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les apoyaban”.

No obstante, se añadía considera que la realidad social y política a la que ha dado lugar el encarcelamiento de los condenados afecta indudablemente a esa convivencia democrática entre catalanes, “condicionando negativamente las relaciones entre Catalunya y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto existente”.

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