Haití debe investigar asesinato del Presidente

Haití debe investigar asesinato del Presidente

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En esta foto de archivo del 7 de febrero de 2020, el presidente haitiano Jovenel Moïse llega para una entrevista en su casa en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití. Moïse fue asesinado y la primera dama Martine Moïse resultó herida en un ataque a su residencia privada la madrugada del miércoles 7 de julio de 2021.
© 2020 AP Photo/Dieu Nalio Chery, File.

(Washington D.C.) – Las autoridades haitianas deberían solicitar asistencia internacional para llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre el homicidio del Presidente Jovenel Moïse y otros graves actos de violencia recientes, señaló hoy Human Rights Watch. También han sido asesinados recientemente dos periodistas, que también eran activistas, en Puerto Príncipe.

A primera hora del 7 de julio de 2021, un grupo de personas armadas irrumpieron en la residencia privada del Presidente Moïse, en el vecindario Pelerin de Puerto Príncipe, y asesinaron al mandatario. Los agresores también hirieron a la esposa de Moïse, según informó el primer ministro interino, Claude Joseph. Casi un día después, la policía haitiana participó en un tiroteo con quienes eran, según ellos, los presuntos responsables del asesinato. Cuatro de ellos fueron abatidos y dos fueron detenidos.

“Condenamos el homicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, un acto criminal que afecta la estabilidad del país”, expresó Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades haitianas, con apoyo de la comunidad internacional y de sectores diversos de la sociedad civil, deben adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos que ayuden a detener la violencia, juzgar a los responsables y resolver la actual crisis institucional”.

Si bien la línea sucesoria para la presidencia aún está siendo disputada, las autoridades haitianas deben hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes, se preserven las evidencias, se amplíen las capacidades de la Policía Nacional de Haití y se proporcionen recursos y medidas de protección a los funcionarios judiciales que trabajen en estas investigaciones. A fin de determinar cuál sería la mejor modalidad de cooperación internacional para llevar a cabo estas investigaciones, las autoridades responsables deberían consultar con actores clave de la sociedad civil y expertos internacionales.

Haití enfrenta una creciente crisis debido a un conflicto político, que aún no ha sido resuelto, sobre la fecha de conclusión del mandato de Moïse. La reciente decisión de las autoridades electorales de posponer un referéndum constitucional hasta septiembre, cuando coincidiría con las elecciones presidenciales y legislativas, parece haber incrementado la tensión. Joseph asumió como primer ministro interino en abril, pero estaba previsto que un nuevo primer ministro, Ariel Henry, lo reemplazara esta semana. Henry ha objetado que Joseph permanezca en el cargo. En un discurso a la nación la mañana del miércoles, Joseph declaró un estado de sitio e informó que se había reunido el Consejo Superior de la Policía Nacional, y que la situación se encontraba bajo control.

La violencia se ha agudizado en Haití en los últimos años. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), la cantidad de secuestros, homicidios, hurtos a mano armada y hechos de violencia de género ha incrementado desde 2018.

El 29 de junio, un día después del anuncio de que se postergaría el referéndum, motociclistas armados dispararon indiscriminadamente en varias zonas de Puerto Príncipe, dejando un saldo de 19 muertos y un herido. Diego Charles, de 33 años, reportero de la Radio Vision 2000 y activista contra la corrupción, así como Antoinette Duclaire, de 33 años, periodista del medio virtual LaRepiblik y activista política y feminista, fueron asesinados en el vecindario Christ-Roi.

Charles fue alcanzado por dos balas, una en el flanco derecho y otra en el antebrazo derecho, mientras que Duclaire recibió siete impactos de arma de fuego en la cabeza, el pecho y los brazos, indicó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

Al día siguiente, el gobierno publicó un comunicado de prensa en el cual condenó los asesinatos y la “violencia indiscriminada” que afecta a la población haitiana. Informó que, por medio de una investigación de la Policía Nacional, se había determinado que el incidente del 29 de junio fue un ataque terrorista perpetrado por una organización conocida como Fantom 509.

Diversas organizaciones no gubernamentales dijeron a Human Rights Watch que pandillas que operan en Puerto Príncipe, incluida Fantom 509, tendrían vínculos con la Policía Nacional, lo cual menoscaba la posibilidad de que se haga justicia por los delitos que se les atribuyen. Indicaron que las medidas adoptadas por las autoridades para combatir el crimen y la violencia cometidos por pandillas han sido generalmente ineficaces, y que estos hechos siguen quedando impunes, en parte, debido a los presuntos nexos entre la policía y estos grupos, así como a la fragilidad del sistema judicial en Haití.

Al menos otros tres periodistas han sido asesinados en Haití desde 2018. Nadie ha sido acusado penalmente en relación con estas muertes.

Haití es parte en varios tratados de derechos humanos —incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos— que protegen, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad. Las autoridades haitianas están obligadas a proteger de manera efectiva estos derechos, incluso a través de medidas para proteger a los individuos ante amenazas razonablemente previsibles a su vida por actores no estatales tales como delincuentes y grupos de crimen organizado.

Las autoridades también están obligadas a investigar de manera eficaz, oportuna, exhaustiva e imparcial las violaciones de derechos humanos, a tomar medidas para que los responsables de abusos rindan cuentas por sus actos y a garantizar el acceso a la justicia y reparaciones para las víctimas.

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