Estados Unidos: Biden toma pasos para reparar el daño causado por Trump a los cuidados de salud de las mujeres

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A woman walks past a mural on a Family Health Options clinic in the Kibera slums in Nairobi, Kenya, May 16, 2017. © 2017 Reuters

(Washington, DC) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un memorando presidencial que supone un importante primer paso para reparar el daño a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, pero todavía se necesitan más acciones ejecutivas y legislativas, dijo hoy Human Rights Watch.

El memorando, emitido el 28 de enero de 2021, rescindió las acciones regresivas del gobierno del ex presidente Donald Trump que dificultaban que las mujeres pudieran hablar libremente con sus médicos, acceder a servicios de salud y obtener la información necesaria para tomar decisiones sobre su salud, lo que socavaba su derecho a la salud, su derecho a la información y otros derechos. Esas políticas también afectaban a sus derechos a la vida, a no ser sometidas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la no discriminación, a la privacidad y a la libertad de expresión, todo lo cual es vital también para la realización de otros derechos humanos.

“El presidente Biden tomó un paso necesario para poner fin a las políticas estadounidenses que perjudican activamente los derechos humanos y la salud de las mujeres y las niñas en Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo Amanda Klasing, codirectora interina de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El gobierno de Biden ahora debería tomar medidas afirmativas para promover y proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos en su política exterior y nacional, y reducir las disparidades de salud creadas por décadas de políticas nacionales e internacionales perjudiciales destinadas a limitar el acceso de las mujeres y las niñas a la atención médica”.

El memorando presidencial aborda cuatro políticas o acciones regresivas de la pasada administración. En primer lugar, revocó la política de protección de la vida en la salud mundial, también conocida como la “Norma mordaza global” o la “Política de Ciudad de México”. Esta medida fue instituida por sucesivas administraciones republicanas y por el presidente Trump durante su primer día completo en el cargo. La legislación estadounidense ha prohibido el uso de la ayuda exterior de EE.UU. para actividades relacionadas con el aborto desde 1973. Esta regla fue más lejos y prohibió el uso de fondos estadounidenses para apoyar a organizaciones extranjeras que usaban sus propios fondos no estadounidenses para participar en actividades relacionadas con el aborto, incluido el asesoramiento y las referencias a proveedores de servicios de salud, así como la defensa de servicios legales y seguros.

La política tuvo impactos que cambiaron la vida de mujeres y niñas de todo el mundo, dijo Human Rights Watch. Entre otras consecuencias, interrumpió la provisión de servicios de salud necesarios a nivel mundial, incluidos los fondos dedicados al Plan de Emergencia del Presidente de EE.UU. para el Alivio del Sida (conocido como PEPFAR) y programas para el VIH/SIDA, y la nutrición, alienando a grupos de la sociedad civil ya vulnerables y socavando la capacidad de gobiernos extranjeros para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Además, tuvo un impacto desigual en todo el mundo en las personas de comunidades marginadas y desfavorecidas.

En segundo lugar, el memorando ordena a las agencias que tomen las medidas necesarias para restaurar la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), que, entre otras ayudas, brinda atención de maternidad segura y protección contra la violencia de género en situaciones de crisis a nivel mundial. El Departamento de Estado de EE.UU. comenzó a bloquear la financiación de este organismo en 2017, poniendo en peligro servicios de salud y protección clave para algunas de las mujeres y niñas más marginadas del mundo. El UNFPA y el gobierno de EE.UU. deberían trabajar junto con todos los países para poner fin a las prácticas coercitivas de salud reproductiva en todo el mundo, dijo Human Rights Watch.

En tercer lugar, el memorando pide a las agencias relevantes que comiencen a iniciar el proceso regulatorio necesario para revocar el Cumplimiento de los Requisitos de Integridad del Programa Estatutario (también conocido como la “Ley Mordaza Nacional”). La regla impone restricciones a los proveedores de atención médica en el programa Título X, un programa nacional en EE.UU. que financia servicios de planificación familiar para más de cuatro millones de personas y garantiza el acceso a la atención básica de la salud reproductiva. La norma eliminó el requisito de que los médicos brinden información neutra y objetiva a las mujeres embarazadas e impidió que los proveedores informaran a las mujeres en EE.UU. sobre todas sus opciones de cara al embarazo, incluido el aborto.

Estas son acciones significativas que ha tomado el nuevo gobierno en su noveno día en la presidencia. Sin embargo, se necesitan acciones adicionales para garantizar los derechos de las mujeres, las niñas, y de todos en general, a obtener una atención médica integral.

La alternancia de enfoques de los gobiernos republicano y demócrata han dado lugar a décadas de mensajes contradictorios a las agencias ejecutivas, las organizaciones de implementación y tanto a los gobiernos estatales de EE.UU. como extranjeros que reciben fondos federales. La administración de Biden debe emitir una guía cuidadosa que aclare qué asistencia federal está permitida según la ley actual, en la máxima medida permitida, para la atención de la salud reproductiva, a nivel nacional y mundial, incluido el aborto.

El gobierno de Biden debería apoyar las acciones del Congreso, como la Ley Global HER, que se introdujo el 28 de enero tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, con el objetivo de derogar permanentemente la Norma de Mordaza Global y poner fin al peligroso péndulo de negar y proteger los derechos de las mujeres y las niñas en base a la voluntad política del poder ejecutivo. Y el presidente debería indicarle al Congreso que apoyará la derogación de las restricciones existentes sobre la financiación federal a nivel nacional y mundial para la atención segura del aborto. Además, el gobierno de EE.UU. no solo debería hacer de la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos una prioridad de política nacional, sino que debería promover este objetivo en todo el mundo y en foros multilaterales. El Departamento de Estado debería evaluar la realización de estos derechos a nivel mundial en sus informes anuales sobre derechos humanos por país.

El memorando de Biden también ordena a los Secretarios de Estado y de Salud y Servicios Humanos retirar el copatrocinio y la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra. El gobierno debería ir más allá para repudiar esta declaración, que fue liderada por Estados Unidos y a la que se unieron los gobiernos de Arabia Saudita, Bahréin, Brasil, Hungría, Polonia, Pakistán y Sudán del Sur y que pretende promover la salud de las mujeres, pero que específicamente está enfocada en socavar la salud y los derechos reproductivos, particularmente el aborto. Biden también debería rechazar definitivamente el informe de la Comisión de Derechos Inalienables creada por Trump, y la noción de la comisión en su conjunto, que buscaba crear una jerarquía de derechos inconsistente con el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones legales internacionales de EE.UU. El secretario de Estado Tony Blinken indicó en su proceso de confirmación que repudiaría el informe; EE.UU. debería dejar en claro a otras naciones que el informe no representa ni influye en la política estadounidense.

El gobierno de Biden debería detener o rescindir las regulaciones que promueven la discriminación y reducen el acceso a la atención de la salud reproductiva en EE. UU. sobre la base de objeciones religiosas o morales, incluida la “Regla de rechazo de la atención médica” y las normas sobre exenciones a los servicios preventivos en virtud de la Ley para la Atención de la Salud Asequible.

El gobierno también debería abordar las desigualdades en la salud que resultan del racismo estructural, la discriminación y el hecho de que el gobierno de EE.UU. no proteja los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Otra acción ejecutiva publicada el 28 de enero que fortalece el Medicaid y la Ley de Cuidado de la Salud Asequible es un paso importante, dijo Human Rights Watch. Sin embargo, Biden debería ayudar al Congreso a desarrollar y promulgar una política que brinde cobertura médica asequible y accesible a todas las personas en EE.UU. durante la pandemia y más allá. Apoyar la expansión de Medicaid en todos los estados ayudaría a aumentar el acceso a la cobertura de atención médica asequible y accesible para mujeres marginadas, de bajos ingresos y sin seguro médico.

El presidente también debería actuar con rapidez para garantizar que se satisfagan las necesidades médicas de las mujeres presas y encarceladas, así como de las mujeres inmigrantes detenidas, incluido su acceso a servicios de salud reproductiva, como la atención del cáncer ginecológico y los servicios de aborto.

Además, los jóvenes necesitan información sobre su salud sexual y reproductiva, como información sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que protege contra la mayoría de las cepas del VPH que pueden provocar cáncer. Al abordar los obstáculos para acceder a la vacuna contra el VPH, el gobierno puede tomar medidas concretas para mejorar la salud y eliminar la desigualdad que conduce a disparidades raciales en la salud, incluidas las desproporcionadas tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino entre las mujeres negras en EE.UU.

El gobierno de Biden debería tomar medidas para garantizar que todos los programas federales relacionados con la educación en salud sexual sean completos, precisos desde el punto de vista médico y científico e inclusivos para todos los jóvenes. Además, debería utilizar su influencia en los estados para instar a eliminar los requisitos dañinos del involucramiento de los padres que retrasan la atención del aborto para los jóvenes menores de 18 años, y otras barreras que imponen los estados para limitar el acceso de los jóvenes a la atención de salud reproductiva.

La administración de Biden también ha señalado su intención de abordar los impactos en la salud de la crisis climática y un decreto presidencial emitido el 27 de enero prometió “brindar justicia ambiental” y la acción de todo el gobierno para forjar resiliencia y proteger la salud pública contra el impacto del cambio climático. El aumento de los fondos para los esfuerzos de adaptación de la salud debe incluir una financiación significativa para la atención de la salud reproductiva y la salud infantil dentro de un marco de justicia reproductiva que se centra en abordar el racismo y las desigualdades raciales. El gobierno de Biden también debería establecer un puesto de asesor de género de alto nivel dentro de cualquier organismo federal o grupo de trabajo enfocado en abordar la crisis climática a nivel nacional o internacional.

“Los derechos reproductivos son derechos humanos, y el gobierno de Biden debería dejar en claro, a través de políticas, declaraciones públicas y prácticas, que Estados Unidos tomará medidas para promover la protección y la realización de estos derechos en el país y en todo el mundo”, dijo Klasing.

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