Guatemala: Ataque del Congreso a la independencia judicial

Guatemala: Ataque del Congreso a la independencia judicial

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Legisladores votan en el Congreso, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 11 de septiembre de 2017.
© REUTERS/Luis Echeverria

(Washington D.C.) – Los esfuerzos del Congreso de Guatemala por impulsar procesos penales en contra de varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a raíz de sentencias recientes de ese alto tribunal, constituyen un ataque flagrante a la independencia judicial, señaló hoy Human Rights Watch.

En mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso garantizar que el proceso de selección de los jueces de las altas cortes cumpla con requisitos básicos para la designación de candidatos idóneos. La sentencia referida es consecuencia de una acción de amparo contra el proceso implementado por el Congreso para seleccionar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, puesto que la lista de candidatos elegibles incluye a 15 postulantes que estarían involucrados en una investigación penal por tráfico de influencias para llenar vacantes judiciales. En vez de cumplir con la sentencia de la Corte, la Comisión Permanente del Congreso —órgano encargado de dirigir las funciones del Congreso mientras éste no se encuentra reunido en sesiones ordinarias— acusó a tres de los cinco magistrados constitucionales de delitos que pueden ser sancionados con hasta 10 años de prisión.

“Los esfuerzos del Congreso por abrir procesos penales en contra de magistrados constitucionales por ejercer las funciones propias de ese tribunal son un ataque directo y descarado a la independencia judicial”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La independencia judicial es un componente esencial del Estado de derecho. En lugar de atacar a la Corte de Constitucionalidad, el Congreso debería acatar sus sentencias y examinar seriamente las denuncias de corrupción en su propio proceso de selección de jueces.”

Las 13 vacantes de la Corte Suprema y las 135 vacantes en las Salas de las Cortes de Apelaciones para el período 2019-2024 deberían haber sido llenadas en octubre de 2019. El 26 de febrero de 2020, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente el proceso de designación de estas vacantes, basándose en una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que reveló evidencias de posibles influencias indebidas en la selección de los jueces.

El 6 mayo, la corte ordenó que el Congreso reanudara el proceso de selección, con la condición que el Ministerio Público informara al Congreso sobre la investigación penal que estaba adelantando la Fiscalía. La corte solicitó a los legisladores que, a la luz de esa investigación, evaluaran si los candidatos eran idóneos y determinaran si estaban incluidos en la investigación penal.

El Ministerio Público presentó sus hallazgos ante el Congreso el 28 de mayo. Su informe determinó que 15 de los candidatos nominados por las Comisiones de Postulación habrían influido en sus propios procesos de selección.

El Congreso aún no ha llenado ninguna de las vacantes. En vez de incorporar los hallazgos del informe del Ministerio Público en el proceso de selección, el Congreso inició un antejuicio el 26 de junio —con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia— para investigar la presunta responsabilidad penal de cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad por haberse pronunciado sobre el proceso de selección de jueces. De inmediato, el Congreso conformó una comisión especialpara investigar a dichos magistrados. Conforme al derecho guatemalteco, el pleno del Congreso debería votado si los magistrados perdían su inmunidad al finalizar dicha investigación. Sin embargo, el proceso fue bloqueado por una acción de amparo presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones de derechos humanos, resuelta por la propria Corte de Constitucionalidad, considerando que los magistrados no podían ser perseguidos por opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.

No obstante, la Comisión Permanente del Congreso solicitó al Ministerio Público que investigara a tres magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad por los delitos de prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, penados con hasta 10 años de cárcel. Todos los cargos están basados únicamente en la sentencia antes mencionada, dictada en mayo pasado.

El proceso de selección de magistrados en Guatemala ya había tenido falencias en el pasado. En 2014, Human Rights Watch denunció fallas en los procesos de selección para magistrados de la Corte Suprema, advirtiendo arbitrariedades y conflictos de interés entre los miembros de las Comisiones de Postulación y los candidatos.

Un poder judicial independiente es esencial para la protección de los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho, sostuvo Human Rights Watch. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los procesos de selección y nombramiento que cumplen con criterios mínimos, como una selección transparente basada en méritos y calificaciones, son necesarios para que en “los procedimientos para el nombramiento de las y los operadores de justicia seleccionados se verifique que reúnan condiciones que se traduzcan en un verdadero régimen independiente que permita el acceso a la justicia”.

Los estándares internacionales también requieren que cualquier método utilizado para la selección de personal judicial garantice que los funcionarios no sean nombrados por motivos indebidos. Tal como señalan los principios de independencia judicial de Naciones Unidas, un poder judicial independiente debe manifestar sus opiniones “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.

“Los jueces deben ser sujetos a suspensión o remoción únicamente por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”, sostuvo Vivanco. “Jamás deben enfrentar procesos de sanción o destitución por dictar sentencias que no coincidan con la opinión de miembros del ejecutivo o legislativo”, concluyó.

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