¿Qué contenían las cajas presidenciales sobre la masacre de El Mozote?

El presidente Nayib Bukele dijo en conferencia de prensa el 24 de septiembre que los pocos archivos relacionados a la masacre de El Mozote que habían sido encontrados durante su gestión fueron desclasificados por él mismo y que serían entregados a las instancias correspondientes.

Un mes después, el lunes 26 de octubre, desde Presidencia se anunció que habían remitido las cinco cajas que el juez ya había requerido anteriormente. En cada una de esas cajas envaron un índice y describían todo lo que aportaban.

Al revisar los documentos tanto el juez como las partes acusadoras pudieron constatar que el contenido son copias de todos los requerimientos que el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, hizo en su momento le hizo al presidente Salvador Sanchez Cerén y al ministro de Defensa Munguia Payés, en el gobierno anterior. Además de dos informes del Ejecutivo actual.

“Para nosotros es una información irrelevante, ya se cuenta con eso en el proceso. Lo único que ha hecho el señor presidente es estar simulando haber enviado una información nueva, lo cual es falso”, dijo a LA PRENSA GRÁFICA Wilfredo Medrano, uno de los abogados querellantes en el caso de la masacre de El Mozote, por parte de la fundación Tutela Legal doctora María Julia Hernández.

Aseguró que en los documentos enviados no hay nada novedoso. “Esa información ya la tenemos. No se remite ningún plan militar, no se remiten mayor cosa si no que son cosas administrativas y eso no sirve en el proceso penal”, dijo Medrano.

David Morales, también querellante en el proceso, señaló al presidente Bukele y al actual ministro de Defensa, René Merino Monroy, de no haber desclasificado la información.
“Se han limitado a enviar copias de informes que ya estaban en el proceso y por lo tanto carece de valor. Es lamentable que se siga jugando con el reclamo de justicia de las víctimas, que se siga tratando de burlar por parte del gobierno a la autoridad del tribunal que dirige las investigaciones”, expuso Morales.

BLOQUE A INSPECCIONES

El juez Jorge Guzmán ordenó, por primera vez en la historia reciente salvadoreña, una serie de inspecciones militares para la búsqueda de documentos relacionados con la matanza perpetrada en el noreste de El Salvador por el Ejército, en diciembre de 1981.

Sin embargo desde el primer día Guzmán recibió constantes bloqueos por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador a su llegada a las instalaciones.

El jueves 29 de octubre Guzmán intentó por sexta y última vez ingresar a instalaciones castrenses, al Cuarto Destacamento Militar en San Francisco Gotera, pero la respuesta fue la misma. “En esta unidad militar no hemos recibido notificación alguna referente a las diligencias a practicarse”, dijo un militar que en repetidas ocasiones negó brindar su nombre y el cargo a Guzmán.

Bukele dijo en su última conferencia de prensa que el interés por parte del juez y de los que lo acompañan era “por ‘show’ y por que quieren exponer a la Fuerza Armada. Y ninguna de esas dos cosas lo voy a permitir”.
La pregunta de las víctimas y de los involucrados en el caso después de los bloqueos es: ¿qué sigue ahora?

El abogado Wilfredo Medrano dijo que el juez deberá valorar los hechos ya que ha levantado actas de todos los bloqueos y además tiene los informes remitidos por funcionarios del Gobierno. “Creo que puede certificarlo a la fiscalía para que ellos establezcan si se ha cometido delitos”, señaló.

Como acusadores dijo que van a presentar otras acusaciones debido a que la fase de instrucción está llegando a su fin. “Ya hay abundante prueba testimonial, documental y pericial. Hay información forense, pruebas de ADN , exhumaciones de más de 370 osamentas recuperadas. Estaríamos ya ante un eventual juicio que sería a finales o inicios del próximo año porqué faltan resultados genéticos que enviará medicina legal”, explicó.

David Morales aseguró que solo esperan que culminen algunas diligencias de investigación y que se eleve a juicio para pasar a la etapa definitiva del proceso contra los 16 imputados.

Agregó que la Fuerza Armada ha cerrado las puertas y está protegiendo a los responsables del asesinato de más de 1,000 personas, la mitad de ellos niños y niñas. “No tiene sentido, en un país que firmó la paz hace 30 años, porque esto deja en entredicho nuestra democracia y la voluntad de cumplir sus obligaciones de derechos humanos del actual gobierno”, criticó el abogado.