Siria/Rusia: la infraestructura civil son el blanco de una estrategia militar

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Una mujer y su hija caminan por una calle llena de escombros en la ciudad de Ariha, en la campiña sureña de la gobernación de Idlib, el 5 de abril de 2020. 
© 2020 Aaref Watad/AFP via Getty Images

Los repetidos ataques de las fuerzas armadas sirias y rusas contra la infraestructura civil en Idlib, en el noroeste de Siria, fueron aparentes crímenes de guerra y pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Decenas de ataques ilegales aéreos y terrestres contra hospitales, escuelas y mercados desde abril de 2019 hasta marzo de 2020 cobraron la vida de cientos de civiles. Los ataques afectaron gravemente los derechos a la salud, la educación, la alimentación, el agua y la vivienda, provocando desplazamientos en masa.

El informe de 167 páginas, “‘Targeting Life in Idlib’: Syrian and Russian Strikes on Civilian Infrastructure” (“‘Apuntando a la vida en Idlib: ofensivas sirias y rusas contra la infraestructura civil”) detalla los abusos cometidos por las fuerzas armadas sirias y rusas durante la campaña militar de 11 meses para retomar la provincia de Idlib y las áreas circundantes, entre las últimas todavía en manos de grupos armados antigubernamentales. El informe examina la estrategia militar abusiva mediante la cual la alianza sirio-rusa violó repetidamente las leyes de la guerra contra los 3 millones de civiles allí, muchos desplazados por los combates en otras partes del país. El documento nombra a 10 altos funcionarios civiles y militares sirios y rusos que podrían estar implicados en crímenes de guerra como una cuestión de responsabilidad de mando: sabían o deberían haber sabido acerca de los abusos y no tomaron medidas efectivas para acabar con ellos o castigar a los responsables.

“Los ataques de la alianza sirio-rusa contra los hospitales, escuelas y mercados de Idlib demuestran un cruel desprecio por la vida civil”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Los repetidos ataques ilegales parecen formar parte de una estrategia militar deliberada para destruir la infraestructura civil y expulsar a la población, facilitando al gobierno sirio recuperar el control”.

Human Rights Watch documentó 46 ataques aéreos y terrestres, incluido el uso de municiones en racimo, que destruyeron o dañaron objetos e infraestructura civiles en Idlib en violación de las leyes de la guerra. Los ataques mataron al menos a 224 civiles e hirieron a 561. Sin embargo, estos representan apenas una fracción del total de ataques durante ese tiempo en Idlib y áreas circundantes. La ofensiva desplazó a 1,4 millones de personas, la mayoría en los últimos meses de la operación.

Human Rights Watch entrevistó a más de 100 víctimas y testigos de los 46 ataques, así como a personal sanitario y de rescate, profesores, autoridades locales y expertos en los ejércitos sirio y ruso. Human Rights Watch también examinó decenas de imágenes satelitales y más de 550 fotografías y videos tomados en los sitios del ataque, así como registros de observadores de vuelos. Human Rights Watch proporcionó un resumen de sus hallazgos y preguntas a los gobiernos sirio y ruso, pero no ha recibido respuesta.

Los ataques documentados, la mayoría ocurridos en o en los alrededores de cuatro áreas urbanas (Ariha, ciudad de Idlib, Jisr al-Shughour y Maarat al-Nu’man) causaron daños en 12 instalaciones sanitarias y 10 escuelas, obligándolas a cerrar, en algunos casos de forma permanente. Los ataques también causaron daños en al menos cinco mercados, cuatro campamentos de personas desplazadas, cuatro barrios residenciales, dos áreas comerciales, una prisión, una iglesia, un estadio y la oficina de una organización no gubernamental.

Human Rights Watch no encontró evidencia de objetivos militares, incluido personal o material, en las inmediaciones en el momento de cualquiera de los ataques, y ningún residente entrevistado conocía ninguna advertencia previa. La gran mayoría de los ataques estuvieron lejos de ser combates activos entre las fuerzas del gobierno sirio y los grupos armados antigubernamentales.

Los repetidos ataques contra la infraestructura civil en zonas pobladas en las que no existía ningún objetivo militar aparente sugieren que estos ataques ilegales fueron deliberados. Los ataques parecen tener la intención de privar a los civiles de los medios para mantenerse a sí mismos y obligarlos a huir, o para sembrar el terror en la población, señaló Human Rights Watch.

Un residente de la ciudad de Idlib, Ayman Assad, describió el impacto de los ataques aéreos: “Estamos aterrorizados. No me siento seguro en mi lugar de trabajo y, al mismo tiempo, estoy constantemente preocupado por mi familia, especialmente por mis dos hijos que van a la escuela todos los días. Escuelas, mercados, hogares, hospitales, todo es un blanco de ataque. Están apuntando a la vida en Idlib”.

La mayoría de los ataques documentados parecían involucrar armas explosivas con efectos de área amplia en zonas pobladas. El uso de tales armas en áreas pobladas puede matar y herir indiscriminadamente a un gran número de civiles y dañar y destruir bienes e infraestructura civiles. También tienen efectos reverberantes: alteran los servicios esenciales, como la atención médica, la educación y el acceso a alimentos y refugio. Los impactos a largo plazo incluyen daños psicológicos graves a las personas afectadas. Las partes beligerantes deben evitar el uso de estas armas en zonas pobladas, dijo Human Rights Watch.

Antes de un alto el fuego en marzo, las fuerzas gubernamentales recuperaron el control de casi la mitad del territorio en Idlib y sus alrededores, incluidos cientos de pueblos y aldeas despobladas. Desde entonces, algunas personas han regresado a zonas todavía controladas por grupos armados antigubernamentales, donde encontraron una infraestructura arrollada y acceso limitado a alimentos, agua, refugio, atención médica y educación. La pandemia de COVID-19 ha puesto al maltrecho sistema de salud de la zona bajo una inmensa tensión, lo que incrementa aún más el peligro bajo el que se encuentran los civiles.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, desempeñaron un papel clave para lograr que Turquía, Rusia y Siria aceptaran un alto el fuego.

Cualquier reanudación de los combates expondría a los civiles a nuevos ataques con armas explosivas y al riesgo adicional de COVID-19, lo que posiblemente provocaría un éxodo con consecuencias humanitarias catastróficas. Las personas desplazadas podrían intentar cruzar la frontera norte de Siria, donde las fuerzas turcas han rechazado, disparado y devuelto por la fuerza a solicitantes de asilo, dijo Human Rights Watch.

El derecho internacional humanitario, o el derecho de la guerra, exige que todas las partes en conflicto dirijan sus ataques contra objetivos militares, eviten dañar a civiles u objetos civiles y no lleven a cabo ataques que causen daños civiles indiscriminados o desproporcionados. Las poblaciones también permanecen protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que protege los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado.

Dado el estancamiento dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General debería adoptar una resolución o declaración pidiendo a sus Estados miembros que impongan sanciones específicas a los comandantes civiles y militares implicados de manera creíble en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves cometidas. Los gobiernos interesados ​​deben llevar adelante casos penales bajo el principio de jurisdicción universal e imponer sanciones selectivas unilaterales contra los comandantes y funcionarios implicados en crímenes de guerra, incluso como una cuestión de responsabilidad del mando.

Para abordar la situación humanitaria, particularmente teniendo en cuenta la pandemia, el Consejo de Seguridad debe volver a autorizar las entregas de ayuda transfronteriza en los tres cruces previamente autorizados en el noroeste y noreste. Si el Consejo de Seguridad no puede volver a autorizar las entregas transfronterizas debido a la amenaza de veto por parte de Rusia, la Asamblea General debería aprobar una resolución para apoyar la continuación de las entregas transfronterizas de la ONU en áreas que no están bajo el control del gobierno sirio.

“Se necesitan esfuerzos internacionales concertados para demostrar que los ataques ilegales tienen consecuencias, para disuadir futuras atrocidades y para demostrar que nadie puede eludir la rendición de cuentas por delitos graves con su rango o posición”, dijo Roth. “Mientras impere la impunidad, también lo hará el espectro de nuevos ataques ilegales y su devastador costo humano”.
 

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